A Doñana le roban el agua

Article publicat a l’edició digital del diari La Vanguardia del 7 d’octubre de 2017, per Adolfo S. Ruiz.

A Doñana le roban el agua

Doñana se seca. Son múltiples los peligros que acechan a uno de los ecosistemas más importantes de Europa, pero los expertos no dudan en considerar a la falta de agua como el principal y más problemático de ellos. En un periodo de algo más de tres décadas, el acuífero de Doñana recibe un 80% menos de caudal debido al cambio climático, que limita los días de lluvia, y especialmente a la sobreexplotación agrícola que rodea al parque.

El crecimiento desmesurado del regadío en el entorno de Doñana, con una agricultura que se ha especializado en la producción de bayas y frutos rojos, lleva a que agricultores sin escrúpulos roben el agua del humedal para utilizarlo en su propio beneficio.

La organización WWF España calcula que existen más de mil pozos ilegales que sustraen agua de manera delictiva. “Somos prudentes al poner sobre la mesa esta cifra, porque la realidad puede ser peor y acercarse a los dos mil”, comenta a este periódico Felipe Fuentelsaz, coordinador en Doñana de la organización ecologista. Contra esta actividad, las fiscalías de Medio Ambiente han iniciado una ofensiva y, por primera vez, solicitan penas de prisión para los ladrones de agua.

Javier Rufino, fiscal de Sevilla, acaba de concluir su escrito de acusación contra los cinco propietarios de una finca, Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla) por sustracción de agua para sus cultivos. Una actividad que llevaban años practicando sin atender a los requerimientos de la Administración, que les abrió hasta trece expedientes, y también sin pagar las multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El fiscal pide ahora cuatro años y medio de prisión para los dueños de Hato Blanco Viejo. Calcula que “los daños causados al dominio público hidráulico sólo entre el 2008 y el 2013 (los primeros indicios del robo de agua se remontan a 1997) ascienden a casi dos millones de euros”, por lo que además de la prisión exige a los imputados tres millones de euros de fianza para cubrir su responsabilidad. “Se les sancionaba, pero ellos seguían sacando agua como si nada”, señala el representante del ministerio público.

Además de esta empresa, la fiscalía de Sevilla tiene abierto otro procedimiento judicial a una comunidad de regantes de la zona por los mismos hechos. Pero es la fiscalía de Huelva, provincia que alberga la mayoría del territorio de Doñana, la que tiene abiertos más procedimientos penales, un total de nueve, por el expolio del agua.

Un intento de poner orden en el caos de los cultivos ilegales que rodean Doñana se puso en marcha en el año 2014. Un plan especial o plan de la fresa que sigue sin aplicarse en su plenitud. Las administraciones públicas implicadas, la Junta de Andalucía y el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bailan sobre un cable muy inestable sujeto por un lado en la defensa del parque y, por otro, en los intereses de los agricultores de la zona, cuyas empresas de cultivo proporcionan riqueza económica y crean puestos de trabajo. La cuadratura del círculo.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal, señala que desde la entrada en vigor del plan de la fresa se ha procedido al cierre de 300 pozos ilegales, una cifra que parece escasa. “Somos conscientes de que se trata de un asunto muy complicado que no se va a arreglar de un día para otro. Hay que buscar alternativas para que los regantes tengan agua sin necesidad de extraerla del acuífero”, asegura.

Felipe Fuentelsaz considera que esa cifra no es significativa “ya que los pozos se cierran, pero las explotaciones ilegales siguen ahí”. En los últimos meses únicamente se ha cerrado la finca El Avispero, “por sentencia del Tribunal Supremo”. Los Mimbrales, otra finca de gran extensión muy cercana a la aldea del Rocío, ha sido adquirida por la Junta, “una solución que aplaudimos”, señala Fuentelsaz. “Cuando se detectan estos pozos ilegales se hace una denuncia que inicia un trámite legal que puede tardar tres años o más hasta que haya una sentencia administrativa o judicial. Durante ese tiempo siguen usando el agua gratis y al final las sanciones son muy inferiores a los beneficios que ha reportado el agua a los ilegales”, añade.

En una situación normalizada. Doñana recibe las aguas de los ríos Guadiamar y Guadalquivir, así como de su gran acuífero subterráneo, que abastece a los arroyos locales y a las marismas a lo largo del año. Un informe de World Wildlife Foundation (WWF) señala que la falta de lluvias y la actividad humana intensiva en las tres últimas décadas han modificado totalmente el panorama. “Las lagunas estacionales se han secado en un 90% y las que eran permanentes, y determinantes para muchas especies de plantas y anfibios durante la estación seca, se están convirtiendo en temporales y dependen cada vez más de las lluvias”, señala.

Esta situación afecta gravemente al ecosistema de Doñana. Un reciente análisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas señala que casi la mitad de las aves de la zona se encuentran en declive y cita expresamente la cerceta pardilla, que ha pasado de 45 parejas reproductoras en el 2004 a sólo seis en 2016; la garcilla cangrejera (de 430 a 40 parejas), o el aguilucho lagunero (de 38 a únicamente ocho). El informe no se pronuncia sobre la evolución de otras seis especies, una sigue una evolución incierta, otra se mantiene estable y cuatro están mejor que hace 12 años.

Otro problema añadido es que las aportaciones de agua, al ser mucho más escasas, son también de peor calidad y están altamente contaminadas. La agricultura intensiva está causando daños generalizados en el humedal, liberando plaguicidas y fertilizantes que contaminan el acuífero. Otro informe del CSIC ha detectado por primera vez en los huevos de aves silvestres la presencia de piretroides, insecticidas de uso muy extendido desde el ámbito doméstico (antimosquitos, antipiojos) hasta aplicaciones veterinarias y agrícolas.

Hasta ahora se pensaba que la toxicidad de los piretroides en las aves era baja debido al hecho de que tiene una rápida metabolización, pero el estudio es muy preocupante porque demuestra que las aves acumulan esos contaminantes en su organismo y después los transmiten a sus crías.

Sobreexplotación agrícola

Clandestinos. El número de pozos ilegales que estiman las organizaciones ecologistas en la zona de Doñana se sitúa entre un mínimo de 800 y un máximo de 2.000. Todos contribuyen a esquilmar el acuífero.

Presión agrícola. La superficie total cultivada en la zona del Parque Nacional de Doñana es de unas 12.000 hectáreas.

Campos sin declarar. Al menos 3.000 hectáreas de cultivo situadas en el entorno del parque son ilegales y recurren al agua del subsuelo sin permiso para hacerlo.

Recursos hídricos a la baja. El parque de Doñana ha visto reducir en un 80% el aporte de agua en las tres últimas décadas.

Agua almacenada . Las balsas de acumulación que se utilizan para almacenar agua destinada a usos agrícolas superan las 1.700.

Pozos cerrados. Los pozos ilegales clausurados están en torno a 300. La organización WWF calcula que existen unos 700 más que podrían ser cerrados por las autoridades.

 

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