TTIP: El decálogo de la discordia

Nota publicada a l’edició digital del diari La Vanguardia del dia 3 de maig de 2016, per Antonio Cerrillo.

Los documentos filtrados por Greenpeace en Holanda sobre el actual estado de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) apuntan un serio riesgo de que se devalúen las normativas europeas en materia de protección de la salud pública, del consumidor y del medio ambiente. La presión que muestra EE.UU. es evidente. Pero en muchos casos es la UE “la que se muestra interesada en que caigan leyes y políticas que aún protegen los derechos e intereses de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica”, dice Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción.

1) Trato nacional

El tratado obligaría a los gobiernos a dispensar a las empresas extranjeras el mismo trato que a las empresas nacionales (pymes, de economía social o solidaria…). Estas últimas no pueden tener preferencia o prioridad en los contratos de compra o licitación pública por el hecho de que dan empleo local o respetan los estándares sociales, ambientales o laborales de sus países. Cláusulas sociales en contratos públicos o ayudas públicas a la vivienda social para jóvenes podrían ser consideradas un ataque allibre comercioy motivar que las empresas multinacionales puedan recurrir a tribunales internacionales si se sienten discriminadas.

2) Contratos públicos

No sólo reclaman libre comercio las empresas norteamericanas para entrar en Europa. También hay bloqueos que impiden que las empresas europeas penetren en EE.UU. El Gobierno de este país pretende excluir del TTIP los servicios marítimos. El transporte de mercancías vía marítima dentro de Estados Unidos está blindado a los barcos norteamericanos desde 1920. Grandes empresas españolas de la construcción querrían dragar los puertos de Estados Unidos, algo que ahora no pueden hacer. “Aproximadamente, el 70% del comercio internacional está en manos de 17.000 empresas transnacionales. Solamente a ellas les interesa este acuerdo”, dice Kucharz.

3) Comercio, lo primero

Los críticos con el tratado (entre ellos, Greenpeace) destacan que ambas partes están negociando un acuerdo que sitúa los beneficios económicos por encima de la vida, la salud y el medio ambiente. “Se ponen en peligro los principios sobre salud, derechos humanos o protección ambiental”, apunta Kucharz. “La meta es clara: es eliminar las barreras sólo para la acumulación de beneficios de las multinacionales”, añade.

4) Sustancias químicas

La industria química de EE.UU. y de la UE quiere devaluar con el tratado las regulaciones europeas que impiden o restringen el uso de sustancias químicas o pesticidas peligrosas. Su presión puede afectar incluso a los procesos de regulaciones futuras, como se está viendo. En la UE, rige un principio de precaución, mientras que la legislación norteamericana da prioridad a la comercialización de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos. La Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo señaló en 2015: “produce preocupación el hecho de que el objetivo del TTIP de reducir y eliminar las actuales barreras no arancelarias pueda conducir a un acuerdo que pueda poner en peligro el nivel de protección de la UE en materia de salud pública, incluida la seguridad alimentaria, la salud animal y el medio ambiente. Inquieta en concreto la posibilidad de que pueda comercializarse en la UE carne hormonada (aceptada en EE.UU.) o piensos fabricados con harinas de origen animal.

5) Clima

En los documentos filtrados se soslaya la protección del clima y el acuerdo sobre el clima de París (diciembre del 2015), que dejaba claro un punto: se debería evitar un incremento de la temperatura mundial por debajo de 1,5ºC respecto a la temperatura de la época preindustrial, para evitar una crisis climática con efectos desastrosos. Pero no es un olvido. La Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU, firmada en 1992 (art. 3.5) da prioridad al libre comercio sobre la protección del clima. Dice: “Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional”. La presión de la industria petrolera en las negociaciones climáticas y comerciales ya ha sido poderosa. De hecho, ya modificó la metodología para medir la calidad de los carburantes, lo que ha permitido a la UE da luz verde a la importación de los hidrocarburos más sucios, las arenas bituminosas ( tar sands) de Canadá.

6.) Cosméticos

La posición por ahora entre ambos países es irreconciliable. La UE limita o prohíbe los experimentos con animales destinados a obtener productos cosméticos. Incluso los etiqueta o los prestigia con el rótulo “testados sin usar animales”, lo que Estados Unidos considera una barrera.

7) Transgénicos

Las presiones ya se han notado en este punto. La UE autorizó el año pasado la importación de nuevas variedades modificadas genéticamente (maíz y soja usados en piensos). Además, la CE ha retrasado de manera clamorosa la directiva sobre disruptores endocrinos (alteradores hormonales), tras la presión de diversos lobbies de la industria química. La posición norteamericana describe -en estos papeles– cómo las partes deben publicar los procedimientos requeridos para la autorización de nuevos OMG en su territorio, así como los plazos esperables. Como la legislación europea es más restrictiva que la estadounidense en este punto, esto parece ir destinado a evitar que los eventos presentados por empresas norteamericanas tengan que esperar durante períodos largos para ser aprobados por la UE. Otro punto señala que de producirse un cambio en la regulación, deberá darse un tiempo “de adaptación” a los solicitantes (las empresas) antes de pasar a implementarse; sin embargo, si el cambio favorece a los solicitantes, deberá implementarse lo antes posible. Esto, que en principio, parece de sentido común, puede sin embargo tener consecuencias poco alentadoras. Por poner un ejemplo, si “en la lista de espera” se encuentran eventos tolerantes a un cierto herbicida, y la UE decide que los nuevos datos sobre el impacto de este herbicida requieren que se realicen análisis adicionales (o que se prohíba la importación de determinadas variedades), esta nueva regulación podría no afectar a los eventos en esa lista de espera.

8) Denominación de origen

En los documentos filtrados, EE.UU. admite que no está ni siquiera de acuerdo en el pacto ya alcanzado en el año 2006 sobre la prohibición para las multinacionales de la industria alimentaria de EE.UU. de usar 17 marcas de vinos con denominación de origen. La UE quiere defender las grandes marcas con denominación de origen y desea eliminar toda posibilidad de que los productores de Estados Unidos puedan usar los nombres de esas 17 denominaciones de origen.

9) Cooperación reguladora

El capítulo de la cooperación reguladora es central y abre la puerta a un mayor poder de las corporaciones y una privatización de la política: el sector empresarial consigue aún más privilegios y poderes y para participar en la toma de decisiones e intervenir en las primeras fases del proceso de toma de decisiones.

10) Arbitraje

Cuando las empresas multinacionales vean rechazados o vetados sus proyectos, podrán recurrir a arbitrajes internacionales privados. Pero en estos arbitrajes se da prioridad a la salvaguarda de las inversionistas, por encima de las legislación social, laboral o ambiental del país. Un ejemplo sería la privatización del agua y la imposibilidad de revertir privatizaciones. En octubre de 2014, la compañía de agua AS Tallinna Vesi junto con su accionista United Utilities B.V presentó una demanda contra Estonia ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial). Tallinna Vesi es la empresa de agua de la capital de Estonia, Tallin, privatizada en 2001 cuando United Utilities B.V. se convirtió en su mayor accionista. Los demandantes alegan que Estonia violó el estándar de “trato justo y equitativo” por denagar la solicitud de Tallinna Vesi para aumentar las tarifas de agua. Ahora están buscando “indemnización por daños potenciales más de 90 millones de euros para el total de las pérdidas durante la vida del contrato hasta el 2020”. El holding holandés permitió a los solicitantes de utilizar el mecanismo de arbitraje internacional incluido en el tratado bilateral de protección de la inversión entre los Países Bajos y Estonia.

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