Agricultura y las comunidades acuerdan quién debe cobrar los pagos de la PAC

Article publicat a l’edició digital del diari El País d’ahir dimarts 21 de gener, per Vidal Maté.

El nuevo sistema de distribución aboga por al estabilidad en el caso de los agricultores en activo

El Ministerio de Agricultura y los consejeros de las Comunidades Autónomas han cerrado este martes un acuerdo para aplicar la reforma de la Política Agrícola Común y, en especial, sobre cómo cobrar las ayudas europeas. Para España, la PAC supondrá el ingreso de 35.700 millones hasta 2020 en subvenciones directas y otros 8.291 millones para el desarrollo rural.

Uno de los puntos claves de la reforma se concretaba en que las ayudas directas fueran de forma prioritaria a la agricultura real. Esto es, a los trabajadores activos que vivan fundamentalmente de la actividad agraria y no a quienes tengan las tierras abandonadas. Al final, la distribución de los pagos entre comunidades acordada aboga por la estabilidad frente a la situación actual y las oscilaciones no superarán el 0,67%.

En esta dirección, Bruselas ya había excluido de los pagos a las grandes superficies de aeropuertos, campos de golf, otro tipo de instalaciones deportivas o las tierras de las constructoras y dejaba abierta la puerta a cada país para excluir a otras superficies.

En España, el acuerdo contempla que las ayudas solamente sean para las tierras con actividad agraria. En el caso de las dedicadas a la agricultura, será necesario que en las mismas se haga, como mínimo, una labor al año, ya sean cultivadas o de barbecho, y que el solicitante de la ayuda tenga justificantes de las labores realizadas. Si se trata de pastos, es preciso que las parcelas se hallen con el correspondiente registro de explotación ganadera, que la carga de animales esté en relación con la superficie, un mínimo de una vaca por hectárea y que los pastos no se hallen a cientos de kilómetros de la explotación, como sucede en la actualidad en muchos casos.

Además de estas exigencias, para la calificación de agricultor activo es necesario que la ayuda solicitada por los perceptores no supere el 80% de todos los ingresos de la explotación. Inicialmente Agricultura proponía el 90% y las organizaciones agrarias solicitaron su aumento para que las ayudas recayeran fundamentalmente sobre quienes viven del campo. Esta medida supone el ahorro de unos 550 millones de euros que irán a manos de los perceptores de esa región.

La Conferencia Sectorial acordó igualmente el destino de 585 millones de euros en pagos ligados a la producción para sectores con problemas como el vacuno de carne, vaca nodriza, ovino, caprino remolacha, arroz, tomate de industria, frutos cáscara, cultivos proteicos y legumbres de calidad. El mayor volumen de apoyos corresponde a la vaca nodriza con 187 millones y 154 al ovino. En relación con la situación actual de este tipo de pagos destaca la incorporación de la remolacha, con 16,8 millones para frenar la caída en el cultivo.

Además, se estudió la partición del territorio en entre 22 y 24 regiones donde debe existir una cierta convergencia de ayudas, pero no se decidió su denominación. Igualmente, se acordó la distribución de los fondos para desarrollo rural con una oscilación máxima del 10% sobre el reparto actual. Cerca de 2.000 agricultores convocados por UPA se manifestaron ante el Ministerio para que las ayudas vayan exclusivamente a los profesionales y a las tierras cultivadas.

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