Más de 100 organizaciones denuncian las maniobras trasvasistas, centralistas y privatizadoras del Gobierno en la gestión nacional del agua

Article publicat a la secció de blogs del portal iAgua.es d’avui dimecres 13 de novembre, per la FNCA.

En base al Memorándum firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y Valencia relativo al trasvase Tajo-Segura, un grupo de expertos vinculados a las regiones del Segura, y conocidos por su férrea defensa de los trasvases a esta cuenca, ha elaborado en secreto y con total opacidad, la modificación no solo del régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional, en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013 en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso, que dan un giro radical no sólo a la regulación del trasvase Tajo-Segura, sino también a la política de aguas en este país. Todo ello sin absolutamente ningún debate ni información pública, y eludiendo cualquier participación de importantes Comunidades Autónomas que podrán verse afectadas por esta regulación, como Aragón, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, etc.

El Memorándum Tajo-Segura, a pesar de lo que pueda indicar su nombre, introduce también en la Ley de Evaluación Ambiental dos enmiendas que modifican el Texto Refundido de la Ley de aguas y el Plan Hidrológico Nacional, que afectan de forma muy importante a todas las cuencas de este país y a la planificación hidrológica nacional, sin participación, información, ni debate público alguno. Estos cambios sientan la base legal para “poner en orden”, en beneficio de los intereses trasvasistas, la asignación y redistribución de recursos a nivel nacional, cuyos elementos clave son: autopistas del agua, ente suprarregional estatal que asigne recursos entre distintas cuencas, ya sean trasvases o cesiones de agua, y entrada de la inversión privada.

Estas dos enmiendas, que introducen importantes cambios en las cesiones de derechos intercuencas y posibilitan la limitación anual por el Ministerio-Dirección General del Agua de los desembalses máximos o agua que podrá circular en la cuenca cedente de cualquier trasvase, vigente, o futuro (Tajo, Ebro, Júcar, etc.), son el inicio de la materialización de las tesis trasvasistas y de su modelo de plan hidrológico nacional, para todo el país, y especialmente para el Tajo, Júcar y Ebro. El cambio supone una importante regulación de dos aspectos de los trasvases o cesiones de agua intercuencas, que nuestra normativa reservaba al Plan Hidrológico Nacional, evitándose con su forma de aprobarlas “incómodos” debates, participación y previsible oposición de otras regiones y usuarios afectados: Ebro, Aragón, Cataluña, Júcar-Vinalopó, etc. Parece claro que los nuevos trasvases o ampliaciones de los existentes ya no se van a denominar así, sino “cesiones intercuencas”. El nuevo plan hidrológico comienza aquí, y su primera piedra son estas dos enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental. Posteriormente, solo será cuestión de dar entrada a la inversión pública o preferentemente privada para construir esas autopistas del agua, y desarrollar los aspectos fundamentales del “nuevo modelo de gestión del agua” mediante Reales Decretos del Gobierno, o incluso órdenes ministeriales.

Los cambios harán imposible el cumplimiento de las Directivas Europeas en el Tajo

Además, el memorándum, y las enmiendas introducidas en base al mismo en la Ley de Evaluación Ambiental, cambia radicalmente el régimen hasta ahora existente en el trasvase del Tajo, en el que los beneficiarios del trasvase únicamente tenían una expectativa, y no un derecho legal, al uso de aguas que la planificación de la cuenca del Tajo determinara como excedentarias, por encima de un determinado volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía. En la nueva regulación derivada del memorándum se otorga un derecho automático al trasvase en determinadas condiciones, y se obvia la remisión al plan de cuenca del Tajo para decidir los excedentes y los desembalses al río desde su cabecera, debilitándose la preferencia de la cuenca cedente, y abriéndose la puerta a la existencia de un derecho legal al trasvase, reiteradamente denegado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que posibilitará la reclamación de cuantiosas indemnizaciones por los beneficiarios del trasvase, en el caso de que la futura planificación del Tajo, en aplicación de la Directiva Marco del Agua, introduzca mayores caudales ecológicos en este río, o simplemente ante la necesidad de mayor uso del agua de la cabecera por la cuenca del Tajo, la más poblada de España.

¿Qué está pasando?

De facto el Partido Popular introduce por la puerta falsa modificaciones muy importantes a la Ley de Aguas y al Plan Hidrológico Nacional que les permitiría desarrollar, sin pasar de nuevo por el Parlamento:

– Una Agencia Nacional o ADIF del Agua que centralice las decisiones de la planificación y asignación del agua por encima de las confederaciones hidrográficas y las comunidades autónomas.

– Un banco nacional del agua en el que los usuarios, principalmente regantes, puedan venderse los derechos entre diferentes cuencas, posibilitando trasvases privados de agua.

– Una red de “autopistas del agua” con capital preferentemente privado, que eufemísticamente sustituiría el polémico término “trasvase”.

– Una privatización de la gestión del agua y de los trasvases.
¿Por qué es importante?

Eliminar estas enmiendas es importante:

– Para no dejar únicamente en las manos de la Dirección General del Agua la toma de decisiones que deben consensuarse en los territorios.

– Para evitar que puedan llevarse a cabo nuevos trasvases como el trasvase del Ebro, por la puerta de atrás y sin informar a los ciudadanos.

– Para evitar que el agua de todos pueda ser comprada y vendida al mejor postor transfiriéndola a muchos kilómetros del río por el que debe circular.

¿Qué hay que hacer?

Es necesario que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental sea retirado y se tramite como dos iniciativas diferentes, una, la de la evaluación ambiental, y otra, en su caso, con la normativa de aguas. Ambas iniciativas deben contar con el suficiente debate y participación pública.

En cualquier caso las organizaciones firmantes se oponen a:

El Memorándum Tajo-Segura
El mantenimiento de los trasvases
La privatización de la gestión del agua

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