La paz (y el dinero) llegan al campo

Article publicat a l’edició digital del diari El País d’avui diumenge 21 de juliol de 2013, per Vidal Maté.

La reforma de Política Agrícola Común (PAC), con unos pagos anuales superiores a los 5.500 millones de euros, es una pieza clave para el sector agrario al suponer más del 26% de sus rentas que ha traído de cabeza en los dos últimos años a los agricultores y ganaderos. Tras el reciente acuerdo político sobre su contenido, solo a expensas del cierre de algunas negociaciones en el Parlamento Europeo que no lo modificarán en lo fundamental, el sector agrario respira más tranquilo tras los miedos existentes en el pasado a fuertes recortes por la situación de crisis de las economías europeas.

España es actualmente el segundo país perceptor de las ayudas comunitarias, solo por detrás de Francia y en unos niveles similares a Alemania. Desde esta perspectiva, el mantenimiento del volumen de las ayudas era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno español en la reforma. El acuerdo sobre el marco financiero contempla una asignación de fondos para España de 35.705 millones en el periodo 2014-2020 para pagos directos, 8.291 millones para desarrollo rural y otros 3.000 millones para la regulación de los mercados. En total, 47.000 millones de euros hasta 2020 para el conjunto del sector agrario y el medio rural, a los que se sumarán solo otros 3.000 millones de la Administración nacional.

La reforma de la PAC significa un vuelco total en los mecanismos para el cobro de las ayudas directas que pasan de un sistema basado en pagos por derechos históricos a otro con pagos por derechos asignados a la hectárea. Desde la perspectiva de los recursos, en la parte negativa, con esta asignación de fondos no se tiene en cuenta el deterioro que supondrán los niveles previstos de la inflación para ese periodo, aproximadamente un 13%, si bien hay que señalar que la Comisión nunca ha revisado anualmente la inflación en sus políticas de ayudas o precios de regulación. En la parte positiva, la reforma supone una continuidad sobre el periodo anterior en el volumen de las ayudas hasta 2020 y una estabilidad en la distribución de las mismas entre territorios, sectores o explotaciones, uno de los objetivos prioritarios del ministro Miguel Arias Cañete, para evitar inseguridad en las explotaciones.

Al margen del optimismo oficial, la reforma no llega a las demandas de los más de 900.000 beneficiarios de las ayudas. Pero tampoco es lo negativa que se temia hace dos años. La estabilidad defendida en la distribución de los pagos supone igualmente condenar a unos sectores a seguir sin percibir ayudas por desarrollar una actividad agraria por la que otros sí cobran.Es una reforma injusta, con la superficie como protagonista, donde la ganadería no recibe el mejor trato.Tampoco da la respuesta necesaria para la regulación de los mercados.

“Hemos logrado mantener unos fondos que suponen la seguridad y la estabilidad para el sector, y una flexibilidad en su aplicación”, presume la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina. “Ahora”, añade, “hemos de hacer todos un esfuerzo para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la reforma para hacer la política agraria que necesita el sector basada en la eficiencia, el conocimiento, la innovación y la competitividad”.

Aparte del volumen de los fondos, entre los aspectos más importantes de la reforma se podrían destacar los siguientes:

Convergencia de ayudas. Frente a los planteamientos iniciales de la Comisión de ir a una convergencia total de ayudas por hectárea en una misma región o país, la llamada tasa plana para 2019, la reforma contempla que en ese territorio, región o país, la ayuda más baja en esa fecha sea solo como mínimo el 60% de la media. Con esta medida, España logró uno de sus principales objetivos que era evitar trasvases de fondos entre territorios, explotaciones o sectores. En los casos más negativos, una explotación no podrá reducir sus ingresos en más del 30%.

Regionalización. Cada país tiene la posibilidad de proceder a la división del mismo en diferentes regiones a efectos de aplicar en las mismas el proceso de convergencia de ayudas.

Política verde. La reforma mantiene la exigencia de que la política verde suponga el 30% del conjunto de los fondos asignados al país, pero solo sobre todos los pagos de esa explotación. Se han flexibilizado las exigencias de la Comisión. Por interés ecológico, en las explotaciones de más de 15 hectáreas se deberá abandonar el 5% del terreno arable desde 2015 y del 7% desde 2017. Los pastos y todos los demás cultivos permanentes están excluidos de esta exigencia. Se deberán rotar dos cultivos en explotaciones de entre 10 y 30 hectáreas y de tres cultivos para más de 30. Todos los cultivos leñosos permanentes como viñedo, olivar o frutales y los que se siembran bajo el agua, el arroz, se consideran ya como política verde. Las penalizaciones por incumplimientos serán del 15% el primer año, del 20% el segundo y del 25% el tercero de toda la ayuda.

Techo de hectáreas. Frente a la posibilidad de determinar una superficie sobre la que asignar los pagos de hasta 38 millones de hectáreas, España logró poder limitar esa superficie a solo 22,4 millones de hectáreas, lo que supone la posibilidad de más fondos por hectárea.

Ayudas acopladas. Son pagos ligados a la producción agrícola o al mantenimiento de una cabaña ganadera. Para dar estas ayudas se contempla la reducción del 13% de todos los fondos asignados al país y dos puntos más para el apoyo a producciones proteaginosas (guisantes o habas).

Pequeños agricultores. Se consideran pequeños agricultores a quienes reciban ayudas por debajo de los 1.250 euros. Estas explotaciones, más de 400.000, no estarán obligadas a la convergencia de ayudas.

Modulación o reducción de ayudas. Se aplicará solo a partir de los 150.000 euros en un porcentaje que podría ser el 5%.

Activos. No hay definición de agricultor activo como perceptor prioritario de los pagos. La reforma se limita a excluir como beneficiarios a terrenos deportivos, o aeropuertos .

Reserva de crisis. Se creará anualmente una Reserva de crisis para hacer frente a esas situaciones con un volumen de 400 millones que se detraerán cada campaña de los fondos de los pagos directos. Esos recortes no se aplicarán a los primeros 2.000 euros de ayuda en una explotación y se devolverán si no hay crisis.

Cuotas. En contra de lo pedido por el sector, no se prorrogan las cuotas lácteas más allá de 2015 y se ha convocado una mesa de trabajo el próximo 24 de septiembre para estudiar medidas de ayuda para las zonas que se puedan ver más desfavorecidas. En remolacha las cuotas se prorrogan hasta 2017 y no a 2020 como pedía el sector. En vino, en 2015 se pondrá fin a los derechos de plantación hoy necesarios para poner una viña. Estos derechos se sustituirán hasta 2030 por autorizaciones para plantar que debe dar cada Gobierno con el techo del 1% sobre el volumen de la superficie nacional. Quien tenga un viñedo con derechos, si lo arranca, lo podrá convertir en autorizaciones. Quien disponga de derechos de papel habiendo arrancado ya la viña, tendrá un plazo de cinco años para su transformación en autorizaciones.

Mercados. La Comisión podría autorizar a organizaciones de productores la puesta en marcha de operaciones para la regulación de los mercados como retiradas de producto, siempre que se hayan aplicado, sin resultado, otras actuaciones. Entre otras medidas se eleva un 21% el precio de intervención o compra pública del vacuno de carne, se reintroduce la intervención en el trigo duro y no se cierra la puerta para la mejora de los precios para desencadenar el almacenamiento privado en el aceite de oliva. Mejoran los precios de entrada en frutas.

Pago de ayudas. Se adelantará de diciembre al 16 de octubre el pago de las ayudas.

Apicultura. Se mantiene una cofinanciación del 50%.

Jóvenes. Será obligatorio destinar el 2% de todos los fondos recibidos por un país para apoyar a los jóvenes. Para fomentar el relevo generacional de personas con menos de 40 años se aplicará un apoyo adicional del 25% sobre el pago básico cinco años más.

Desarrollo rural. Podrán coexistir un programa nacional con programas regionales. Extremadura, como región menos desarrollada y regiones en transición como Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha tendrán una tasa de cofinanciación comunitaria del 85% y Murcia del 63%. Habrá ayudas para la mejora de regadíos, siempre que se ahorre un 5% de agua, frente al 25% que pedía la Comisión. Se debe destinar el 30% del dinero a la gestión del territorio y elevar los apoyos para la creación de pequeñas empresas.

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