Aguas revueltas

Article publicat a l’edició digital del diari El País d’ahir dimarts 9 de juliol, per Mariangela Paone.

Bruselas ha retirado los recursos hídricos de la directiva sobre concesiones a empresas privadas
Más de 1,6 firmas piden en Europa la gestión pública de este servicio

El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, anunció hace unos días que el agua quedaba excluida de la propuesta de directiva sobre concesiones, la norma que regula los contratos entre Administraciones y empresas privadas para la prestación de servicios de interés público. Bruselas respondía así a un fuerte movimiento iniciado hace meses en toda Europa en defensa de la gestión pública de los recursos hídricos.

Más de 1,6 millones de europeos han firmado un documento en el que reclaman que el agua sea considerado un bien público esencial y no un bien de carácter comercial gestionado por empresas privadas. Se trata de la primera iniciativa ciudadana europea, el instrumento que los habitantes de los países de la UE tienen desde 2012 para intervenir en la agenda política comunitaria. Y el comisario hizo una mención explícita a la presión ejercida por dicha iniciativa: “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, afirmó.

Según Barnier, la directiva “solo pretende ser un marco para la colaboración público privada que promueva las inversiones necesarias en infraestructuras y servicios, y finalmente contribuya a una mejor calidad de los trabajos y los servicios para los ciudadanos a un precio mejor”. Sin embargo, hay quienes opinan que ni el agua ni los servicios de saneamiento deben estar sujetos a estas fórmulas de cooperación público privada ni, mucho menos, ser completamente privatizados.

Pablo Sánchez Centellas, de la Federación Europea de Sindicatos del Servicio Público (EPSU, en sus siglas inglesas), una de las organizaciones promotoras de la recogida de firmas, asegura que la marcha atrás de la Comisión ha sido “una gran victoria y es también la prueba de que si hay una cuestión fundamental la gente sí que se interesa a la política europea”. En los dos meses que quedan para el cierre de la campaña, los organizadores esperan duplicar el millón de firmas que son necesarios. “Lo siguiente es pedir que se incluya en la legislación comunitaria el derecho humano al agua y al saneamiento”, explica Centellas, para frenar los procesos de paulatina privatización en los países miembros.

En Grecia, las palabras del comisario Barnier han sido recibidas con sentimientos encontrados. El comisario asegura que “la Comisión no ha propuesto en ningún caso forzar o alentar la privatización de servicios públicos como el agua” y que “la decisión sobre cómo gestionar un servicio público está en las manos de los Estados miembros, y de sus autoridades locales. Y así quedará”. Pero las sociedades de gestión del agua y saneamiento de Atenas (EYDAP) y Salónica (EYATH), que sirven a casi la mitad de la población griega, están en el listado de bienes que el Estado tiene previsto privatizar para hacer caja y pagar sus deudas, según lo pactado con la troika de acreedores internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea). Se trata de dos sociedades ya parcialmente privatizadas: en el caso de EYDAP, el 39% de las acciones están ya en manos privadas, mientras que en EYATH es privado el 26% del capital. “Tras la licitación pública se venderá el 51% de EYATH, privatizando de hecho su gestión”, explica Theodoros Karyotis, miembro de Iniciativa 136, la plataforma ciudadana que en Salónica se opone a la venta de la empresa.

“Nuestro objetivo no era solo parar la privatización, sino tener control ciudadano sobre el agua”, afirma Karyotis. La idea era formar una cooperativa con acciones no transferibles que se encargue de su gestión. 136 no está entre los seleccionados para seguir con el procedimiento de compra. “Pero hemos recurrido”, añade Karyotis, para quien “el agua tiene un valor simbólico muy potente. Es algo que nos une a todos y no puede ser objeto de privatización”.

El debate en Europa está, efectivamente, cargado de simbolismo. Nadie pone en cuestión que los ciudadanos de la Unión Europea tengan garantizado el acceso a agua potable y saneamiento, ni se plantean conflictos similares a la guerra del agua desatada en la localidad boliviana de Cochabamba en el año 2000. Sin embargo, en los últimos años aumentan las voces a favor de la gestión pública de este recurso, y algunas grandes capitales han decidido revertir su privatización.

Los detractores de la privatización no dudan en recuperar a clásicos como el economista John Stuart Mill para sustentar la tesis de que la gestión del agua es un monopolio natural que debe estar en manos públicas: el autor británico advirtió a finales del siglo XIX de que las inversiones necesarias para sostener servicios como el de agua y saneamiento hacían de ellos “un negocio (que solo) puede llevarse a cabo ventajosamente a una escala tan grande que haga casi ilusoria la libertad de competencia (…)”. “Es mucho mejor tratarlo de inmediato como una función pública”, señaló.

Uno de los casos más emblemáticos de remunicipalización del servicio de aguas ha sido el de París, ciudad que recuperó la gestión pública de este servicio en el año 2010. En su primer año de actividad, la nueva Eau de Paris recortó la factura del agua de la capital francesa en unos 35 millones de euros, lo que permitió a la compañía anunciar un recorte de tarifas del 8% en 2011.

En la vecina Italia, un foro ciudadano promovió la celebración de un referendo sobre la gestión pública del agua hace ahora dos años. Las dos preguntas referidas al control de los recursos hídricos pedían la derogación de una ley que aceleraba las privatizaciones en el sector y la abolición del cálculo de las nuevas tarifas del servicio, sobre la base del capital invertido por la compañía gestora. En un país donde desde 1995 no se llegaba al quorum del 50% necesario para validar el referéndum, votaron el 55% de los electores y las propuestas fueron aprobadas con un respaldo del 95%.

“Las personas habían vivido sobre su propia piel la experiencia de las privatizaciones del servicio hídrico y habían visto cómo las facturas aumentaban y la calidad del servicio empeoraba”, afirma Paolo Carsetti, secretario del Foro, para explicar el éxito de la consulta popular. En su opinión, también influyó el hecho de que la campaña fuese transversal. Se dejaron fuera los partidos políticos y los sindicatos, para que la gente entendiera que era una cuestión que iba más allá de los colores políticos. Lo que no se esperaba es que, una vez ganado el referéndum, tuviera que emprender otra batalla para su aplicación.

Carsetti recuerda que unos meses después, el entonces Gobierno de Berlusconi introdujo mediante decreto una norma que de hecho neutralizaba el resultado de la consulta. Un año después la Corte lo declaró inconstitucional. “Aun así, hoy por hoy el resultado del referéndum no ha sido aplicado y, por ejemplo, no se ha eliminado el importe de la tarifa que se atribuye al capital invertido”, subraya el secretario del Foro. Para conseguirlo, los ciudadanos de algunas localidades se han sumado a una protesta mediante la cual se auto-descuentan en sus facturas el porcentaje que las empresas cobran, según ellos, de forma abusiva. Según explica Carsetti, “esto está causando problemas, porque las empresas, aunque pagues todo el resto, te considera moroso”.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, cree que la presión hacia la privatización en los países del sur de Europa aquejados por la crisis “va en contra de las decisiones que se están tomando en otros países”, que están haciendo exactamente lo contrario. “España encabeza la lista de los países de la eurozona donde el servicio está más privatizado, con más del 50% de la gestión en manos privadas”, subraya.

En Berlín, que era uno de los pocos casos de gestión privatizada del agua en el país germano, se está dando marcha atrás: el año pasado el Gobierno local compró las acciones en manos de RWE, una de las dos empresas privadas que desde 1999 poseían casi la mitad de la sociedad, y ahora negocia con la francesa Veolia para adquirir sus cuotas y volver a una gestión cien por cien pública. Los alemanes son los que más se han movilizado en la campaña de recogida de firmas para que el derecho humano al agua se reconozca como tal a nivel europeo. “No nos esperábamos esta reacción”, asegura el representante de EPSU, Centellas.

En España, vecinos de la Comunidad de Madrid se organizaron también el año pasado para decir no a la privatización del servicio hídrico. La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (que reúne desde la Federación regional de asociaciones de vecinos hasta organizaciones como Ecologistas en Acción, las asambleas del Movimiento 15-M, partidos como Izquierda Unida) organizó una consulta popular con 319 mesas que se repartieron por toda la región. Votaron más de 177.000 personas y el 99% se declaró en contra de los planes de privatización de la empresa pública que gestiona el ciclo del agua en la Comunidad.

Para AquaFed, la Federación Internacional de Operadores Privados de Servicio del Agua, la decisión de la Unión Europea va en contra del interés de sus ciudadanos. En un comunicado, publicado poco después del anuncio del comisario Barnier, la organización subrayaba que Bruselas había sucumbido a los lobbies de las empresas públicas alemanas y que la campaña de recogida de firmas era demagógica ya que, en su opinión, la gestión privada, contrariamente a lo que defienden los movimientos para el agua pública, no choca con el reconocimiento del agua como derecho humano.

“Si la petición ha atraído a muchas firmas, en realidad es porque se promovió en toda Europa como un vehículo para mejorar la aplicación del derecho humano al agua potable y saneamiento”, se lee en la nota. “Los operadores privados de los servicios de agua participan diariamente en la aplicación de este derecho. El 22 marzo del 2013, AquaFed propuso a la Comisión y al Parlamento Europeo modificar la Carta Europea de Derechos Fundamentales para incluir este derecho humano. Sin embargo, la aplicación del derecho humano al agua potable y al saneamiento y las diferentes formas de organizar los correspondientes servicios son temas completamente distintos, tanto práctica como legalmente”, subraya el texto.

La argumentación de Aquafed es parecida a la del presidente de Nestlé Peter Brabeck-Letmathe que, hace unos meses, tuvo que salir al paso de las polémicas generadas por la difusión viral en Internet de un vídeo grabado en 2005 en el que él definía el agua como un producto alimenticio como cualquier otro y, como tal, debería tener un valor comercial. En su blog, el directivo del coloso suizo publicó un post en el que decía que se malinterpretaban sus palabras, reiteraba que consideraba un derecho humano el agua necesaria para la supervivencia, pero creía que era un valor del que era útil conocer el precio.

“El agua se entiende inmediatamente como una necesidad humana, ya que todo el mundo bebe agua. Pero tratarla como una materia prima que se pueda comercializar y que pueda tener un precio no entra necesariamente en conflicto con el hecho de entender que tener acceso a agua limpia y segura es una necesidad pública”, comenta Gregg S. Fisher, presidente de la consultora estadounidense de inversiones Gerstein Fisher. “Solo el 10% del agua se usa en todo el mundo para consumo doméstico, beber y ducharse, mientras que el 90% se utiliza en la industria y la agricultura. Los que deciden a nivel político deberían esforzarse para encontrar el equilibrio y asegurar que esta pequeña porción del total de agua usada quede disponible para todos aunque el precio del consumo de agua (y del sobre-consumo) sea establecido por los operadores en la economía global”, afirma el analista. Su empresa empezó a pensar en el agua como un producto para inversiones en 2008 y a investigar más concretamente esta posibilidad entre 2010 y 2011.

“Precisamente porque solo el 10% del consumo es del ciudadano de a pie, la garantía del derecho humano al agua pasa por la propiedad y la gestión pública, democrática y transparente de un bien que es esencial para la vida”, replica Centellas a esta idea: “Las empresas privadas no tienen por qué garantizar el acceso a un precio razonable, como pide la ONU, a ciudadanos con problemas económicos. No lo hacen los bancos privados ni las constructoras privadas, ¿por qué lo deberían hacer las empresas en este caso?”

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