La incierta ruta del Guadalquivir

Article publicat a l’edició digital del diari El País del passat divendres 8 de març, per Manuel Planelles.

El puerto de Sevilla acelera el proyecto del dragado del río y así no perder la financiación europea
El ministerio debe autorizar esta obra que rechazan el consejo de Doñana, ecologistas y regantes

El presunto enfrentamiento entre conservación medioambiental y creación de empleo vuelve a saltar en Sevilla cuando más de 300.000 personas de esta ciudad buscan un trabajo que no encuentran. Quizás sea el peor escenario para plantear un pulso centrado en dos de los símbolos más importantes de Andalucía: Doñana y el Guadalquivir. Pero la Autoridad Portuaria de Sevilla intenta relanzar el proyecto de ampliación del dragado del estuario, al que muchos dieron por muerto en 2011 tras el rechazo del Consejo de Participación de Doñana. Y el principal argumento que esgrimen los defensores del dragado es la creación de puestos de trabajo para luchar contra esa tasa de desempleo de más del 32%.

20.000 empleos directos e indirectos se crearían si se ampliara el calado del último tramo del río, argumenta el PP (que gobierna con cómodas mayorías en Sevilla y en La Moncloa). Primero fueron 15.000. Luego, 17.000. Y, recientemente, ha subido hasta los 20.000, según el texto del denominado Pacto por la ciudad de Sevilla que los populares han presentado a PSOE e IU. Ahora, como novedad, se añade el riesgo de que se pierdan parte de los actuales 16.000 trabajos vinculados a la actividad del puerto si no se aumenta el calado del estuario, según advierte Manuel Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria. Si hay más calado, habrá más barcos, más contenedores de mercancías, más actividad y más trabajo. Es la cadena argumental de los promotores, que cuentan con el apoyo de los empresarios de la ciudad.

“El dragado es fundamental y tendría que estar ya”, opina, por ejemplo, Francisco García, gerente de Sevitrade, una de las empresas de logística que hay instaladas en el puerto sevillano. “Ampliamos las instalaciones pensando en barcos mayores”, añade. “Ahora estamos operando al 50% de nuestra capacidad”, indica este defensor del dragado. En contra de la profundización están científicos, ecologistas y agricultores, que temen el impacto de esta polémica actuación en una cuenca en la que el regadío acapara el 87% de los usos del agua.

Manuel Fernández sostiene que el consejo de administración del puerto aprobará el proyecto de licitación este mes o, como máximo, el siguiente. “Luego lo daremos a conocer al Consejo de Participación de Doñana, a la comunidad autónoma y al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que debe darnos el visto bueno para la licitación”.

El reloj avanza contra el dragado. “Queremos hacerlo pronto”, admite Fernández. La obra de profundización costaría 31 millones y Europa financiaría el 80% de las actuaciones a través de los fondos Feder. Pero parte del dinero está consignado dentro de un programa plurianual que termina este 2013. “Si no somos capaces de licitar en este año, se perderían los más de 12 millones de fondos europeos”, afirma Fernández.

El PP fue el que concedió en 2003 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto. El PP será el que tenga que dar la autorización para que las dragas empiecen a trabajar una década después.

Pero, en estos diez años, han ocurrido muchas cosas en los aledaños del dragado.

El proyecto completo del puerto constaba de tres patas: la construcción de una nueva esclusa para ganar manga (costó 160 millones y funciona desde 2010), dragados de mantenimiento para garantizar la navegación (que se realizan periódicamente) y la profundización del calado para pasar de los 6,5 a los ocho metros (una actuación que despertó dudas entre científicos, regantes y ecologistas desde el principio).

Cuando el PSOE llegó al Gobierno central en 2004, la ministra Cristina Narbona decidió paralizar la DIA. Argumentó que no se habían tenido en consideración las conclusiones del Patronato de Doñana. En junio de 2005, se constituyó una comisión científica para evaluar el proyecto, que, a su vez, encargó a los investigadores del CSIC Miguel A. Losada y Javier Ruiz un estudio. Ese análisis científico, el mayor que se ha realizado sobre el estuario, se concluyó en septiembre de 2010. Un mes después, la comisión científica dictaminó que la profundización no era “recomendable”. “Se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana”, se añadía en el dictamen, que contó con el voto negativo de la Autoridad Portuaria. Poco después, el Consejo de Participación de Doñana —heredero del Patronato— asumió esas conclusiones. Muchos dieron el proyecto por muerto o, al menos, por paralizado sin fecha.

“El río puede morir en cualquier momento”, advierte Fernando Hiraldo, exdirector de la Estación Biológica y miembro de aquella comisión científica. Recuerda que, tras el pronunciamiento de Doñana, lo que parecía que se acordó con el puerto fue que los científicos hicieran un seguimiento de los dragados de mantenimiento para evaluar si se podía acometer la profundización.

“El puerto no hizo nada, dragó sin consultar”, cuenta Miguel A. Losada, del Centro Andaluz de Medio Ambiente de la Universidad de Granada y uno de los coordinadores de aquel completo estudio del estuario. “Hasta que no se conozca el de mantenimiento no se puede hacer el de profundización”, apunta.

“El perjuicio del dragado es mayor que el supuesto beneficio económico”, opina Losada. Al margen de los daños que se puedan provocar en Doñana, en la agricultura por el aumento de la salinidad o en la pesca en la desembocadura, este experto en dinámica de flujos ambientales advierte de la importante inversión que se necesitaría. “Al profundizar el dragado, los costes económicos se multiplican por siete”, señala Losada en referencia a la fuerza de las mareas que arrastran los lodos al lecho del río.

“El estuario necesita un planteamiento integral”, señala Javier Ruiz, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Ruiz coordinó con Losada el análisis del Guadalquivir. “Tras el informe, el puerto impidió el acceso de los científicos a los instrumentos que se instalaron en el estuario para elaborar el estudio”, indica. Ruiz recuerda con “dolor” aquel episodio. “Se hizo una inversión de un millón de euros [que financió la Junta a través de una subvención al puerto] que se ha muerto”.

Teresa Ribera: “Atenta contra el sentido común”

Teresa Ribera fue la secretaria de Estado de Cambio Climático del último Gobierno socialista. Ella era la interlocutora con la Autoridad Portuaria cuando se produjo el pronunciamiento del comité científico de Doñana contra la ampliación del dragado del Guadalquivir. En su opinión, este tipo de proyectos “atentan contra el sentido común”. “Es una barbaridad pensar que transatlánticos pueden llegar a Sevilla. También podríamos pensar que pueden llegar a Toledo a través del Tajo”, dice la secretaria de Estado durante la etapa de Rosa Aguilar. Ribera cree que la experiencia acumulada en los últimos años debe llevar a la sociedad a huir de las “hipotecas sociales” que acarrear los “proyectos megalómanos”.

En octubre de 2011, envió un escrito al puerto en el que le pedía que elaborara un nuevo proyecto que fuera “plenamente congruente” con las conclusiones de la comisión científica de Doñana. En esas conclusiones se señalaba que el puerto debería iniciar “un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado”. “La carta era un recordatorio de cumplimiento de la normativa ambiental”, recuerda Ribera casi año y medio después.
Manuel Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria, resta importancia a aquel escrito: “Contestamos diciendo que eso no se arregla con una carta, eso necesita un trámite administrativo. Claro que el ministerio tiene capacidad para derogar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y solicitar una nueva, pero eso es un trámite administrativo donde nos personaríamos, incluso en el ámbito judicial. Pero una carta…”

Ribera insiste ahora en que “los dragados ordinarios y el extraordinario requieren de una DIA” nueva.
Al margen de este cruce de escritos, sobre el proyecto pesan más dudas legales. Tras el pronunciamiento del comité científico, WWF presentó un recurso en la Audiencia Nacional. Rita Rodríguez, abogada de esta organización, sostiene que la DIA estaba condicionada a Doñana, por lo que reclamaron que se anulara. El caso sigue abierto. Los ecologistas no pidieron la paralización cautelar, algo que ahora podrían hacer. Además de esta vía judicial, también se está pendiente del pronunciamiento de la Comisión Europea, que aceptó una queja por el dragado presentada por WWF.

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