El coste del canal Segarra-Garrigues podría desviarse hasta un 81%

Notícia publicada a l’edició digital del diari El País d’avui dilluns 4 de març, per Dani Cordero.

El Gobierno vincula nuevas inversiones a que los agricultores se sumen al proyecto
La falta de crédito de la Generalitat paraliza el canal Segarra-Garrigues

El canal Segarra-Garrigues amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para la Generalitat. Desde que se adjudicó en 2003 su construcción ha absorbido 750 millones de euros que apenas han servido para cubrir 4.700 hectáreas efectivas de riego. Fuentes del Consejo de Aigües Segarra-Garrigues, que agrupa a las empresas que construyen y explotan el canal, dan por hecho que la finalización del proyecto, tal y como está ahora diseñado, supondrá una importante desviación del presupuesto. Un análisis similar realiza un informe de la Generalitat datado en noviembre de 2011 al que ha tenido acceso EL PAÍS. Según este, en el peor de los escenarios, el importe de la infraestructura podría llegar a tener una desviación máxima de un 81% respecto al presupuesto original, con lo que de los 1.071 millones de euros iniciales se pasaría a 1.928 millones.

La Generalitat niega que vaya a asumir una desviación presupuestaria de esa magnitud y asegura que dicho informe, titulado Estimació import sistema Segarra-Garrigues, es solo uno más de los muchos que se han realizado con motivo del seguimiento de las obras del canal, una de las infraestructuras de mayor envergadura que tiene entre manos la Generalitat, con el permiso de la línea 9 del metro.

Joan Lluís Quer, presidente de la empresa pública Infraestructures —encargada de la proyección y contratación de la mayoría de las obras de la Generalitat— asegura que no tiene ninguna estimación nueva de coste de la obra del Segarra-Garrigues, más allá de las modificaciones que supondrá la Declaración de Impacto Ambiental firmada en 2010 y forzada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que supondrán 100 millones de euros más. Esas actuaciones quedan excluidas del sobrecoste evaluado en el informe.

El informe elaborado por Regsega, posteriormente integrada en Infraestructures, elabora una proyección de los diferentes costes de las obras del canal. Desde el aumento de los precios de los materiales utilizados en las obras hasta modificaciones introducidas en el proyecto inicial, ya sea por el cambio de líneas eléctricas o la construcción de una red terciaria de caminos que no estaba prevista inicialmente. Asimismo, también contempla que la aprobación de la ley ómnibus en la pasada legislatura podía suponer también ahorros de hasta 165 millones de euros respecto a los 1.928 millones del escenario más pesimista.

Pese a los estudios elaborados, el Gobierno catalán no prevé modificar el presupuesto de la obra. Las constructoras, agrupadas en la sociedad Aigües Segarra-Garrigues (ASG), recibieron a finales del año pasado la orden de paralizar la construcción una vez que fueran acabando las diferentes actuaciones que tenían pendientes. Las dificultades financieras de la Generalitat y la negativa de los bancos a seguir prestando dinero impedían seguir. Esa situación continúa siendo vigente y no hay calendario para reiniciarlas. ASG, consorcio liderado por FCC, Agbar, Copcisa y Copisa, ha recibido la comunicación de que si quiere proseguir construyendo tendrá que buscarse su propio crédito. Y fuentes de la compañía creen que para sortear los incrementos de costes la obra tendrá que reducir sus previsiones iniciales de riego, ya que tampoco consideran que la Generalitat pueda asumir un gran sobrecoste.

Infraestructures pretende dar un vuelco a la forma como se ha diseñado la ejecución del proyecto desde sus inicios. Según su interpretación, primero se ha puesto el acento en la obra y luego se buscaba la adhesión de los agricultores al canal para llevar el agua hasta sus fincas, cuando estos son los clientes reales de la infraestructura y los que ayudarán a amortizar la obra con el pago de la tarifa del agua que consuman.

Las estadísticas de la empresa pública dependiente del Departamento de Economía muestran cómo hay sectores de riego donde no se han adherido el canal ni el equivalente al 50% de la superficie que podría ser regada de forma efectiva, lo que haría onerosa la puesta en marcha del riego. “Yo no lo hubiera hecho como se ha hecho hasta ahora”, afirma Quer. Esa nueva forma de proceder se introdujo en la ley ómnibus antes citada, con la que se facilitaba la agrupación de payeses para adherirse al canal y asegurarse así nuevos usuarios.

Desde entonces se han logrado adhesiones para que 3.000 hectáreas se beneficien del agua del canal. Quer asegura que “nos hemos fijado el objetivo de que a finales de este año haya 13.400 hectáreas regables y 6.900 hectáreas efectivas” [las que estarían en explotación, con convenio de adhesión al regadío firmadas y facturadas].

Según las estimaciones de Infraestructures, con las obras realizadas hasta ahora hay capacidad para llegar a las 12.000 hectáreas. “Necesitamos que haya entre 15.000 y 20.000 hectáreas de regadío a corto plazo”, afirma Quer, una previsión que podría llegar a cubrirse en 2014 con una pequeña inversión de 34 millones de euros.

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