Calentar el clima, más barato que nunca

Article publicat a l’edició digital de La Vanguardia d’avui dijous 31 de gener, per Antonio Cerrillo.

El Gobierno recaudará la mitad de lo previsto por la subasta de los derechos de emisión de CO2 que pagan las industrias | CiU critica que el Gobierno no aclare a qué destinará el dinero cobrado por emitir del CO2 | El precio de los derechos europeos para emitir CO2 se sitúa por debajo de los 4 euros la tonelada

Arrojar a la atmósfera emisiones de CO2 y calentar el clima tiene ahora el precio más bajo desde que las industrias europeas se rigen por el comercio de emisiones. Este sistema asigna a las grandes industrias derechos de emisión anuales, comercializables, de manera cuando no los necesiten los compran a aquellas industrias más virtuosas que no han agotado su asignación de toneladas de emisión de CO2.

La novedad ahora es que el precio del aire limpio se ha desplomado hasta niveles inusitados. El sistema de comercio de emisiones (uno de los grandes instrumentos derivados del protocolo de Kioto contra el cambio climático) vive, por eso, uno de sus momentos más críticos. Es una de esas situaciones que hacen cuestionar su eficacia como herramienta para recortar las emisiones de CO2 y mitigar el calentamiento.

El precio de los derechos europeos para emitir unidades de CO2 en las industrias alcanza esta semana los 3,98 euros por tonelada, con lo que se situó en sus niveles más bajos desde que se introdujo este mercado, obligatorio desde el 2008 para las grandes industrias que generan CO2 (siderurgia, térmicas, cementeras, vidrios, papel, azulejo…).

La razón principal de este descenso de los precios es “que sigue habiendo muchos excedentes de derechos de emisión de CO2; la oferta se mantiene, mientras que la demanda ha bajado por la crisis económica”, según señala Ismael Romeo, director de la bolsa de CO2 Sendeco2, una sociedad que se dedica a la gestión de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Como la producción industrial es menor, se genera menos actividad y se provocan menos emisiones, con lo que no tienen necesidades de acudir al mercado para proveerse de las unidades emitidas en exceso (respecto a lo asignado).

El precio de los certificados, por los suelos

De la misma manera, los créditos de CO2 adquiribles fuera de la UE correspondientes a los certificados de reducción emisiones (CERs) se han desplomado a 0,19 céntimos. (Estos certificados proceden de inversiones en desarrollo limpio en países en desarrollo, y están avalados por la ONU)

El precio de los derechos de emisión se mantuvo durante mucho tiempo en unos 7 euros por tonelada, y el mercado esperaba que su precio se recuperara y se elevara a partir de las medidas que había anunciado la Unión Europea para intervenir sobre el precio y acercarlo a niveles “útiles” desde el punto de vista de eficiencia del mecanismo. Estas medidas apuntaban a la posibilidad de que la Comisión Europea retrasara la subasta de una parte de los derechos que se asignan a la industria, para provocar su escasez a corto plazo y generar un aumento de precios.

Necesidad de elevar el precio

Hay que tener en cuenta que una de las pretensiones de la política comunitaria es que el comercio de derechos sitúe su precio en unos 20 euros la tonelada, todo ello con el fin de que las industrias se vean motivadas y/o forzadas a recurrir a fórmulas que reduzcan en origen sus emisiones (es decir, en las propias plantas industriales: con tecnologías limpias, fuentes renovables) y así mitigar el calentamiento.
“Sin embargo, la UE no ha podido hasta el momento adoptar tales medidas debido a la negativa de algunos estados, compradores de derechos, a apoyar unas medidas que implicarían, para ellos, incrementar su factura en CO2. Consecuentemente, ante la inacción de la Comisión para introducir las correcciones esperadas, el mercado ha reaccionado radicalmente a la baja”, añade Ismael Romeo.
Sin contar al sector aéreo (recientemente incorporado al sistema de comercio de emisiones), las 1.050 instalaciones españolas sujetas al comercio de emisiones (térmicas, siderurgia, cementeras, vidrio…) tienen asignados 150 millones de toneladas de CO2 al año. En toda Europa son 11.000 las instalaciones afectadas por el régimen de comercio de emisión, y tienen asignados 2.000 millones de toneladas de CO2.

Menos recaudación de las subastas de lo previsto

Mientras tanto, la “lluvia de millones” que el Gobierno esperaba conseguir al hacer pagar a las industrias por los derechos de emisión de CO2 (que hasta ahora conseguían gratuitamente) no lo será tanto. El Ejecutivo español prevé obtener este año la mitad del dinero que había previsto ingresar como recaudación por las subastas de los derechos de emisión asignados anualmente (que ya empiezan a pagar las industrias). No se alcanzará la cantidad de 1.000 millones de euros anuales por este concepto, sino solo en torno a los 450 millones, según las nuevas estimaciones de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro. Otra cosa que aún no queda clara es a dónde se destinará este dinero, lo que ha motivado una severa crítica del senado de CiU Pere Maluquer.

Hasta el año 2012, las grandes industrias sujetas al régimen de comercio de emisión obtenían gratis los derechos de emisión de CO2, de manera que en caso de que no los necesitaran podían venderlos a las industrias y obtenían unos cuantiosos beneficiosos con la venta de un bien obtenido ¡gratuitamente! Eran beneficios “caídos del cielo”, muy criticados por todos. Por eso, la política comunitaria decidió poner fin a este sistema e introdujo las subastas, para que los derechos de emisión tuvieran un precio al ser asignados.

El Gobierno esperaba conseguir unos ingresos extraordinarios por la subasta de los derechos de emisión de CO2 que han empezado a pagar las industrias este año. Pero la cantidad que se recaudará será muy inferior

Las primeras subastas en que participaron las industrias para adquirir los derechos de emisión (efectuadas a finales del año pasado) se hicieron por un precio medio de 8,2 euros por tonelada de unidad (toneladas de CO2). Sin embargo, los precios se han desplomado y han bajado algo más del 50%.

Otro asunto es aclarar a donde de va el dinero recaudado de las subastas de los derechos de emisión (esos casi 500 millones). La directiva europea señala que los gobiernos tienen libertad para actuar con esos recursos, aunque aclara que al menos un 50% de estos ingresos deben dedicarse a la reducción de emisiones y a la lucha contra el cambio climático, según explica Susana Magro.

Sin embargo, el Gobierno ha hecho un reparto de estos recursos que ha generado intranquilidad. Tras un largo forcejeo entre los ministerios de Industria y Medio Ambiente, la decisión del Gobierno es que el 90% de estos fondos sean gestionados por el Ministerio de Industria, mientras que el 10% se ingresarán en Medio Ambiente para los emplee en las políticas contra el cambio climático. Esta fue la solución adoptada a través de una enmienda en los presupuestos del Estado aprobado en el Senado. Pero la fórmula no ha gustado y sigue siendo polémica.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo hace unos días que los fondos de Industria (ese 90%) “se destinarán a financiar los costes del sistema eléctrico en lo que se refiere a la sostenibilidad de las energías renovables”, y que el 10% restante se dedicará a la política de lucha contra el cambio climático en acciones de su Ministerio para reducir emisiones contra los sectores difusos (transporte, vivienda, residuos, agriculturas…) Su ambigüedad ha generado polémica, porque no queda claro si ese 90% en realidad para ayudar a paliar el déficit eléctrico que acumulan las compañías de electricidad, o si deja la puerta abierta a que con esa cantidad se pagaran nuevos proyectos de energías renovables, como interpreta Susana Magro.

“Hemos hecho una pregunta concreta, y no hemos sacado agua clara. El Gobierno demuestra una gran opacidad. Lo que pedimos es que los ingresos de las subastas de CO2 se destinen a políticas para mitigar el cambio climático, tal y como ordena la directiva de la UE, en vez de utilizar la mayor parte de los ingresos en reducir el déficit tarifario”, dice a este diario el senado Pere Maluquer.

El senador convergente reclama más “más transparencia” (“creo que nos han vendido una moto”) y considera que se debería concretar de manera programática las acciones y los criterios para repartir esos fondos; y además, reclama un reparto territorial por comunidades.

Un plan de reducción de gases

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha impulsa un plan piloto para reducir las emisiones de gases a través de 38 proyectos, cuyas reducciones de emisiones serán pagadas y compensadas con el fondo de carbono. Se invertirán en ello unos cuatro millones de euros.

A través de esta iniciativa, el Gobierno ayudará a que se pongan en marcha proyectos que comportan reducción de emisiones y comprará las reducciones obtenidas de gases en los próximos cuatro años, a razón de siete euros la tonelada de CO2 no emitido.

“Nuestra finalidad es dejar de comprar los derechos de emisión en el exterior y promover que nuestras empresas consigan estas reducciones”, dice Susana Magro.

Los proyectos se presentan el próximo día 11 y se refieren a iniciativas en el campo del transporte, los residuos, tratamientos de purines, biomasa y otros.

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