La Cumbre de Río+20 y el medio ambiente: gestionar desde la gobernanza

Article d’opinió publicat a la secció Blogs del portal iAgua.es el passat 27 de juny, per Sandra Ricart.

La Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, que ha tenido lugar en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio, ha sido proclamada, en palabras de los organizadores, como una nueva oportunidad de diálogo y posibilidad de acuerdo entre los principales actores involucrados en la gestión del medio ambiente así como en la consecución de una mejora en la praxis del desarrollo sostenible.

Coincidiendo con la conmemoración del vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) de 1992 que tuvo lugar en la misma ciudad, así como el décimo aniversario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS) de 2002 en Johannesburgo (Río +10), el objetivo de la misma se ha centrado en apoyar la reducción de la pobreza, el fomento de la equidad social y la garantía de protección del medio ambiente.

Se ha pretendido así, en base a la reunión de instituciones internacionales, gobiernos, sector privado y organizaciones no gubernamentales, el acuerdo sobre un conjunto de medidas que permitan replantear el modelo de crecimiento asumido ante los principales retos socioambientales. Unos retos a los que no solamente no se dieron solución en ocasiones anteriores sino que han protagonizado un auge notable desde la última evaluación a escala mundial. Todo ello en un contexto donde la complejidad de intereses y prioridades de uso de los recursos disponibles condiciona el logro de los retos propuestos.

Río+20 se ha centrado en dos temas principales:

(a) la promoción de una economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y

(b) la construcción del marco institucional necesario para la consecución del desarrollo sostenible.

Estos temas han sido afrontados desde siete áreas de acción prioritarias: trabajo decente, energía, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y agricultura sostenible, agua, océanos y preparación ante desastres.

En esta ocasión, jefes de Estado y de Gobierno así como representantes de alto nivel alcanzaron un principio de acuerdo previo a la negociación durante la cumbre (el cual, sabemos ahora, se presenta como el texto de la declaración final). Bajo el título El futuro que queremos (The futur we want), estructurado a lo largo de 6 bloques y 283 artículos, fue promocionado por parte del anfitrión, Brasil, como un documento de intenciones ante el temor de no lograr un consenso definitivo al final de la cumbre.

Su evaluación muestra como a lo largo de sus 49 páginas no se registran avances prácticos significativos en la determinación de acciones que apoyen, más allá del discurso teórico, la protección de los recursos naturales, la aprobación de mecanismos de financiación para políticas de desarrollo sostenible o el reforzamiento institucional del brazo medioambiental de la ONU (PNUMA). Se admiten los problemas pero no se aportan ni acotan soluciones prácticas para resolverlos.

Las organizaciones civiles allí presentes la han bautizado como la cumbre “Greenwashing+20” o directamente “Río-20”, reconociendo la dificultad y lentitud de las negociaciones a causa de los conflictos de intereses. Cierto es que la carencia de objetivos precisos sobre el alcance del desarrollo sostenible que den el relevo a los Objetivos del Milenio a partir del 2015; la renuncia a convertir el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una agencia global con presupuesto regular que compruebe la ejecución de las decisiones acordadas; la ausencia de plazos para eliminar los subsidios a la energía de combustibles fósiles y a las actividades dañinas para el medio ambiente; o la indefinición sobre los recursos e instrumentos con que pagar la factura a la transición a una economía verde más teórica que práctica, han ayudado a construir la sensación de encontrarse ante una nueva oportunidad perdida.

Nadie ha escapado de las críticas:

– la Unión Europea por recular en materia financiera con el pretexto de la crisis económica;

– Estados Unidos por impedir la transformación del PNUMA en una agencia que mejorara la gobernanza en materia ambiental y fuera capaz de controlar el cumplimiento de los objetivos marcados así como por frenar los intentos de precisar objetivos y calendarios;

– Brasil por anteponer su temor al fracaso y su necesidad de salir del paso a costa de producir una propuesta sin sustancia;

– China y otros países en desarrollo por su resistencia a compromisos que les obligaran a una vigilancia de sus políticas ambientales…

El catálogo de protestas de las organizaciones ambientalistas y demás representantes de la sociedad civil también ha ocupado un lugar destacado en el balance de la conferencia. Así, entidades ambientalistas como International Trade Union Confederation, WWF, Greenpeace o Amigos de la Tierra lamentaron profundamente los resultados de la cumbre, una reunión que, en su opinión, “pasará a la historia por la falta de ambición de los gobiernos participantes y por sus buenas palabras vacías de contenido”.

Todas coinciden en apuntar a la falta de acuerdo y de retos específicos y tangibles como factores causantes del desencanto. Incluso la Red de Acción Climática difundió un comunicado exigiendo que se retirase del documento base la frase “con la participación de la sociedad civil”, rechazando convertirse en partícipes de dichas conclusiones.

Una parta significativa de las consideraciones compulsadas en el documento de base se centraron en dos variables concretas, la gestión de los recursos y la gobernanza de las decisiones, tal y como se constata en los siguientes artículos seleccionados:

Reconocemos la necesidad de integrar eficazmente el desarrollo sostenible en todos los niveles, integrando los aspectos económicos, sociales y medioambientales (art. 3)

Subrayamos que una amplia participación pública y el acceso a la información y a los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible (art. 43);

Reconocemos el papel de la sociedad civil y la importancia de que todos los miembros de la sociedad civil puedan participar activamente en el desarrollo sostenible (art. 44);

Reconocemos que la implementación del desarrollo sostenible dependerá de la participación activa de los sectores público y privado (…) incluso mediante la herramienta importante de asociaciones público-privadas (art. 46).

Consideramos la implementación de políticas de economía verde un mecanismo adecuado para la transición hacia el desarrollo sostenible (…) (art. 59).

Reconocemos que la participación de todos los actores interesados y sus asociaciones y redes así como el intercambio de experiencias en todos los niveles puede ayudar a los países a aprender uno del otro en la identificación de adecuadas políticas de desarrollo sostenible, incluidas las políticas de economía verde (art. 64).

Reconocemos que la gobernanza efectiva a nivel local, subnacional, nacional, regional y global que representan las voces e intereses de todos es esencial para promover el desarrollo sostenible. Mejorar la participación efectiva del compromiso eficaz con la sociedad civil y (…) promover la transparencia y ampliar la participación pública para poner en práctica el desarrollo sostenible (art. 76).
Reconocemos que el agua está en el centro del desarrollo sostenible, ya que está estrechamente vinculada a una serie de importantes desafíos globales. Por ello, reiteramos la importancia de integrar el agua en el desarrollo sostenible y subrayamos la importancia crítica del agua y su saneamiento dentro de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (art. 119).

Reafirmamos los compromisos contraídos en el Plan de Aplicación de Johannesburgo y la Declaración del Milenio de reducir a la mitad (en relación con el año 2015) la proporción de personas sin acceso al agua potable y saneamiento básico, así como el desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos y los planes de uso eficiente del agua (art. 120).

Subrayamos la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones, las sequías y la escasez de agua, dirigiéndose al equilibrio entre la oferta y la demanda de agua incluyendo los recursos hídricos no convencionales (…) (art. 123).

Hacemos hincapié en la necesidad de adoptar medidas para reducir significativamente la contaminación del agua y el aumento de la calidad de la misma, mejorar significativamente el tratamiento de aguas residuales así como actuar ante la eficiencia de su distribución. Para lograr este fin, hacemos hincapié en la necesidad de asistencia y cooperación a nivel internacional (art. 124).

La gestión de los recursos naturales, y más concretamente, de los recursos hídricos, se proclamó, a priori, como uno de los aspectos clave de la Cumbre. Así, los compromisos planteados en esta ocasión siguieron en concordancia con los objetivos parciales de los encuentros anteriores: la seguridad de acceso al agua potable, la protección del agua como recurso estratégico, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos, el impulso de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) o la relevancia de las demandas de los stakeholders implicados en la misma son claros ejemplos de ello.

Asímismo, en los artículos seleccionados del documento base ya se percibe el vínculo indisociable entre gestión y gobernanza del medio ambiente. Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro quedó patente como ante intereses y prioridades específicas que aglutina toda política focalizada en la disponibilidad y uso de los recursos naturales así como la defensa de los bienes públicos (y el medio ambiente se puede considerar su máximo exponente), los representantes de la política internacional no aprovecharon la oportunidad. Una más, ejemplificando la relación desigual entre prioridades legítimas, donde los intereses políticos y económicos suelen primar ante las demandas ambientales, debido, en parte, a la falta de inmediatez en la obtención de resultados palpables en el caso de las últimas.

De las dos prioridades fijadas en la Cumbre –economía verde y marco institucional para el desarrollo sostenible–, sólo parece haberse actuado mínimamente ante el primero de ellos. Así, la apuesta por la economía verde se defiende como medida para traspasar la frontera de los valores ambientales como algo intangible, proponiendo la tasación de aquello con externalidades holísticas mediante un valor económico –y por tanto, como mecanismo que sitúe el coste económico como variable de valoración de un recurso natural–.

Fueron varios los dirigentes que se apresuraron a afirmar como “el medio ambiente sólo puede preservarse si incorporamos su valor económico a nuestras decisiones como gobernantes”. De ser así, eso conlleva dotar esta política ambiental de un cierto carácter territorial, donde sea el territorio, mediante su representación en instituciones, sectores de actividad y sociedad civil, quien gestione la búsqueda de puntos en común (aunque sea de mínimos) en relación a la dinámica de los bienes públicos, aumentando la legitimidad de los postulados acordados. Eso conlleva una complejidad que debería integrar el enfoque transversal, tratándose tanto desde disciplinas diversas como desde intereses representativos de los usos públicos y privados, particulares y multisectoriales. Por ello se debe insistir en el valor de la gobernanza como mecanismo de (re)conocimiento del otro, de aproximación a aquello contrapuesto al interés particular legítimo pero partidista. Confiemos en que con ello se tenga en consideración la diferencia entre lo que es el precio a pagar por un recurso/uso de lo que conlleva el valor del mismo, cuestión más compleja y arbitraria difícil de ponderar objetivamente sin el apoyo de una sociedad capaz de implicarse y sustentar (económicamente, de nuevo) el estado ambiental del territorio que ocupa.

Sin más, de nuevo una cumbre internacional como Río+20 ha servido, sobretodo, para debatir, construir alianzas y amplificar las demandas de la sociedad civil sobre la necesidad de defender los recursos comunes.

Consultas

“The futur we want”, Río+20.

Página web de Río+20 (The futur we want)

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