Cañete planea recuperar competencias ambientales sobre grandes proyectos

Notícia publicada a l’edició digital del diari El País del passat 3 d’abril, per Rafael Méndez.

Un borrador de decreto ley impide que las autonomías veten proyectos en espacios protegidos
El texto suprime la posibilidad de cobrar por los envases

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha preparado un decreto ley “de medidas urgentes en materia de medio ambiente” que “simplifica” cuatro leyes relevantes. Se trata de la Ley de Patrimonio Natural, la de Aguas, la de Residuos y la de Evaluación Ambiental. El ministerio justifica el texto en la necesidad de “eliminar aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces”, según el borrador, sujeto a cambios, al que ha tenido acceso este diario. Entre otras cosas, retira competencias en evaluación de impacto ambiental a las comunidades, y establece que será el ministerio quien decida sobre la evaluación ambiental de proyectos en Red Natura 2000 (un tercio del territorio). Además, deroga la posibilidad de establecer un sistema de cobro y depósito por envases corrientes, permite a las sociedades estatales de agua hacer negocios en el extranjero para cuadrar sus balances y establece un nuevo sistema de intercambios de agua en el Alto Guadiana.

Junto a la reforma de la Ley de Costas, el ministro Miguel Arias Cañete anunció en su primera comparecencia en el Congreso una amplia reforma de la legislación ambiental para reducir trabas a las empresas y simplificar la gestión. El borrador es una especie de ley escoba urgente y aún no ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. El texto iba a ir el pasado Consejo de Ministros pero finalmente quedó relegado. Estas son algunas de las reformas incluidas en el documento, de 14 páginas.

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental

Arias Cañete ha comprobado que en medio ambiente muchas de las competencias están en manos autonómicas, incluso la gestión de los parques nacionales (según dictó una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional en 2004). El ministerio intenta recuperar capacidad de gestión y para ello plantea reformar la ley de impacto ambiental, de 2008.

El borrador de reforma sostiene que “existía una controversia” sobre qué administración era la competente “para emitir la declaración de la autoridad competente de supervisar la Red Natura 2000, respecto de los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que solicitan financiación comunitaria”. El ministerio quiere “determinar con toda claridad y urgencia que la competencia corresponderá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos que sean aprobados o autorizados por la Administración General del Estado”.

Así, Medio Ambiente elimina la posibilidad de que las comunidades pongan trabas a algunos grandes proyectos en su territorio. Esa era la carta que tenía guardada Andalucía para vetar el oleoducto a la refinería de Extremadura.

La ONG ecologista SEO/Birdlife considera que ese punto “para el medio ambiente no es bueno ni malo, dependerá del proyecto y del interés de la Administración General del Estado o de las comunidades en ese proyecto. En cualquier caso es claramente anticonstitucional ya que las competencias en Red Natura 2000 son claramente autonómicas”.

Es difícil que las comunidades, al menos Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias, acepten perder ese punto sin recurrir antes al Constitucional.

Ley de Patrimonio Natural

El borrador busca “la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces y, lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos”. Así, donde se “se solapan varias figuras de protección (…) se unificarán todas ellas en un único instrumento de protección”. Se trata de que si un terreno es parque natural, zona de especial protección para las aves, lugar de interés comunitario, reserva de la biosfera, por ejemplo, tenga un solo documento de gestión con todas las limitaciones. Esto impone a las administraciones un nuevo papeleo y hay que tener en cuenta que los límites de las distintas figuras de protección no coinciden.

Además, para “garantizar la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos”, la ley establece que la planificación de los espacios protegidos “deberá tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares”. SEO/Birdlife advierte que este cambio “puede dar problemas con la UE ya que limita la interpretación de la Directiva de Hábitats”.

Ley de residuos

Medio Ambiente justifica la reforma en “la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma”. Así, deroga el artículo 21.2 de la ley de residuos, aprobada en 2011, que abre la puerta a la creación de un sistema de depósito y retorno, en el que los ciudadanos paguen una cantidad mínima al comprar una lata o una botella y la reciban de vuelta cuando lo reciclen.

Este sistema de depósito -apoyado por ONG ecologistas y por los fabricantes de las máquinas en las que se devolverían esos envases- generó durante la tramitación de la ley una enconada disputa con los actuales gestores del reciclaje.

Sociedades de agua

El ministerio afirma que las sociedades estatales de agua están en situación de práctica quiebra, tras la inversión de más de 1.500 millones de euros en las desaladoras y que necesitan a corto plazo unos 700 millones de euros. El borrador del texto afirma que “como medida dinamizadora se amplía el objeto social de las sociedades de aguas, removiendo el obstáculo legal que les impedía actuar fuera de nuestras fronteras”. Así, las sociedades estatales, como Acuamed, podrían salir al exterior “con los beneficios económicos y sociales que ello aparejará, lo que a la vista de las actuales circunstancias económicas debe abordarse con premura”.

Ley de Aguas

El cambio de mayor calado, y el más complejo, es que afecta al derecho de las aguas subterráneas. En primer lugar deroga la polémica disposición introducida en 2011 por el Gobierno del PSOE a instancia de la Junta de Andalucía que daba competencias a las comunidades en materia de policía de dominio público hidráulico.

Ese punto queda sustituido por un cambio en la legislación del Plan Especial del Alto Guadiana, en el que amplía la posibilidad de cesión de derechos entre particulares y, entre otras cosa, abre la puerta a dar de manera excepcional nuevas concesiones a explotaciones agrarias. Se trata de que la compra de agua para intentar reducir la extracción del acuífero del Alto Gudiana (que incluye los Ojos del Guadiana y las Tablas de Daimiel) se haga entre los propios agricultores, sin gastar dinero público, como se hacía hasta ahora. El texto apunta a que serán los agricultores profesionales los que comprarán los derechos, una antigua reivindicación del sindicato agrario Asaja.

El texto busca que “la aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas”. Para SEO/Birdlife, la reforma “supondrá, sin duda, una explotación mayor de los recursos de la zona, y la puerta abierta a la legalización de pozos”.

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