¿Puede la Ley de Desarrollo Rural perjudicar al medio rural?

Nota publicada al butlletí d’Agrodigital.com d’avui dijous 29 de març.

A punto de conocerse las propuestas presupuestarias del Gobierno, algunas Comunidades Autónomas siguen presionando al Ministerio de Agricultura para que se doten y se aprueben los planes de zona de la Ley de Desarrollo Rural que les permitirían recibir fondos del Estado para su ejecución. Para estas CC.AA. la Ley es una forma de conseguir fondos estatales para proyectos que tendrían que ejecutar de todos modos (escuelas, carreteras, depuradoras de aguas, etc.), aliviando así su situación financiera.

Estas peticiones llegan ahora porque con el Gobierno anterior no se llegaron a gastar prácticamente ninguno de los miles de millones de euros que se pregonaron desde 2007: de los 500 millones al año a partir de 2008 anunciados al principio (http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=81583) solo vieron la luz en total, en los cuatro años de parsimoniosos preparativos de la Ley, menos de 100 millones (96 millones para programas piloto y 2,6 millones para los planes de la Rioja, los únicos aprobados hasta ahora: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=81971).

Según otras opiniones, si se aprobaran estos planes podría resultar perjudicado el propio medio rural. No habría nada que objetar a estas transferencias si no fuera porque parece casi imposible que otros Ministerios distintos del de Agricultura se impliquen aportando fondos para el medio rural. Pero si esta colaboración efectiva de otros Ministerios no se consiguió en el arranque de la Ley, con una situación presupuestaria más holgada, nadie espera que ahora pueda hacerse.

El resultado es que el MAGRAMA es el único que aportaría fondos, soportando con su presupuesto áreas de gasto que corresponderían a otros Departamentos, lo que de hacerse significaría un riesgo grande de vestir a un santo (ajeno) desvistiendo a otro (las políticas propias del Ministerio).

En un horizonte de recortes importantes en el gasto, puede acabar resintiéndose la política agraria, con lo que paradójicamente la Ley de Desarrollo Rural perjudicaría al medio rural.

Las cifras en juego son importantes, porque de aprobarse los 17 convenios con las CC.AA. el Ministerio tendría que poner para la Ley de Desarrollo Rural 181 millones anuales durante 5 años, lo que parece imposible sin recortar partidas importantes. Estas necesidades se solapan además en el calendario con los requerimientos de financiación para el cierre de los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 que cofinancia la UE (http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=83091).

Dentro de la revisión profunda de la Ley que anunció el Ministro, una de las opciones que se plantean es congelar su puesta en marcha, lo que parece cada vez más justificado si se tiene en cuenta que en breve habrá que empezar a redactar los nuevos programas de desarrollo rural del FEADER para 2014-2020, y no están los tiempos para duplicidades que generan ineficacia y costes administrativos. En este contexto el Ministerio está también preparando un nuevo instrumento, denominado Plan Estratégico de Diversificación de la Actividad Económica en el Medio Rural.

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