La Fundación Nueva Cultura del Agua organizó en Madrid, el pasado Octubre, una Jornada de Debate sobre LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA: ¿QUÉ MODELO NECESITAMOS EN EL SIGLO XXI?, intentando liderar las reflexiones y tomas de posición de todos los actores interesados en la gestión del agua, en la búsqueda de un modelo de organización administrativa, eficiente para toda la sociedad, que recupere y preserve el buen estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales y costas, y que permita la efectiva participación de las Administraciones implicadas y facilite la participación social.

Se generó un buen ambiente de análisis desde las perspectivas de la Directiva Marco de Agua, la Constitución y la Ley de Aguas y los diversos intereses de los actores administrativos y sociales. Siendo bastante divergentes las posiciones, se evidenció que el modelo de organización administrativa actual del agua es obsoleta, que debe mantenerse el principio de unidad de cuenca, pero que hay posibilidades de mayor implicación y gestión de todas las Administraciones concernidas, no debiendo limitarse la reorganización a este encaje institucional, sino que debe propiciar la participación social, mucho más amplia y variada que la actual de los usuarios del agua.

La Fundación Nueva Cultura del Agua, referente de las políticas de aguas en España y Portugal, quiere liderar y ampliar este debate social y político, que aúne posiciones, que nos permita renovar las viejas e ineficientes instituciones del agua, con dos referentes: la DMA y el interés de toda la sociedad.

A lo largo de la próxima primavera trasladará este debate a las principales Demarcaciones Hidrográficas con la celebración de cinco Jornadas sobre La organización administrativa del agua: ¿qué modelo necesitamos en el siglo XXI?.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, Josep Maria Peregrí, ha planteado este viernes la necesidad de implementar sistemas de regadío cada vez más eficientes.

Pelegrí ha hecho estas declaraciones en Mollerussa durante la clausura de la Jornada Riego y Futuro, organizada por la Comunitat General de Regants de los Canales de Urgell.

“Para superar los retos de futuro y las nuevas exigencias normativas (la directiva marco del agua, los efectos del cambio climático, el incremento de la demanda de agua en las nuevas zonas regables), hay que implementar sistemas de regadío cada vez más eficientes” ha señalado.

Esto supone, desde el punto de vista del profesional de la agricultura, una garantía de la producción, una ampliación del abanico de cultivos a aplicar y una mejora de la rentabilidad de la explotación que tiene que llevar a una agricultura sostenible desde un punto de vista económico, social y ambiental, según el titular de Agricultura.

El consejero ha expuesto las líneas de acción del Govern en materia de regadíos y para mejorar la financiación, como las medidas que se han introducido a través de la ley òmnibus para que los regantes puedan realizar directamente el 15% de las inversiones para el riego dentro de sus fincas.

Ha citado también la Oficina del Regante que entrará en servicio la próxima semana y que estará a disposición de todas las comunidades de regantes.

En su discurso ha señalado que el Govern quiere favorecer las incorporaciones de nuevos usuarios al riego y mejorar la rentabilidad de infraestructuras estratégicas para el país que tienen que situar a las comarcas leridanas como el punto neurálgico del sector agroalimentario catalán.

“Desde la administración trabajaremos para impulsar la modernización de las grandes zonas regables”, ha afirmado.

Según Agricultura, el plan director de modernización de los Canales de Urgell representará la transformación más importante en esta zona regable desde su implantación hace más de 140 años.

“Su despliegue ya es una realidad. Tenemos que seguir por este camino” ha señalado el conseller.

Antes de clausurar la jornada, Pelegrí ha visitado en Guissona las instalaciones del complejo La Closa de la Corporación Alimentaria Guissona (CAG) y ha intercambiado impresiones sobre la evolución del sector con el fundador de la sociedad, Jaume Alsina.

La compañía cerró el último ejercicio con unas ventas de 219 millones, por encima de los 208 de 2010.

La Comisión de seguimiento de la PAC constituida en Cataluña para analizar la propuesta de reforma de la PAC y elaborar propuestas, ha presentado sus primeras conclusiones. La Comisión está integrada por representantes de la administración y del sector. Se han creado cuatro grupos de trabajo:

1. ficha financiera
2. pagos directos
3. medidas de competitividad y de mercado
4. desarrollo rural

Ficha financiera

Las conclusiones y propuestas de este apartado están pendientes de la finalización de los trabajos de los otros tres grupos y de que se disponga de los estudios de impacto sectoriales correspondientes, actualmente en fase de elaboración.

Pagos directos

Dentro de este capítulo, y entre otros temas, en cuanto a la regionalización, se considera que hay que regionalizar la PAC a nivel institucional y productivo y, en caso de que no prospere la regionalización institucional, se propone crear un Grupo de Trabajo técnico para evaluar la regionalización productiva a nivel estatal.

En cuanto a los agricultores activos, se considera que debe asegurarse de que no queden fuera de esta definición productores de sectores que hasta ahora no habían recibido pagos directos, como los de la fruta fresca, la viña o la huerta. También se considera que hay que solicitar un incremento del porcentaje propuesto por la Comisión Europea, ya que este se considera insuficiente.

En cuanto al nuevo modelo de pagos directos, durante los encuentros mantenidos para tratar sobre este tema se ha llegado a la conclusión de que hay que pedir que la tarifa plana no se aplique en aquellos Estados miembros o regiones con elevada diversificación productiva y que hay que defender la consideración de la ganadería sin base territorial o con poca superficie, bien sea mediante la asignación de derechos especiales ligados al censo de las explotaciones o mediante una nueva capa destinada específicamente a la ganadería y haciendo una asignación independientemente de la superficie.

Por otro lado, el posicionamiento general sobre la greening tal y como está planteado, es de desacuerdo. Se considera que hay que flexibilizar y ampliar las medidas propuestas, de forma que no implique más gastos que puedan afectar a la competitividad de las explotaciones agrarias catalanas. En cuanto a las ayudas acoplados a la producción, durante el encuentro se ha planteado que Catalunya debe poder decidir estas ayudas, en base al sobre nacional, para poder dirigir este apoyo en función de su realidad agraria. Y en el caso de que no se adopte la propuesta de incluir los sectores ganaderos sin base territorial al pago base, se propone que estos sean unos de los sectores preferenciales a la hora de recibir las ayudas acoplados.

Finalmente, en cuanto a la convergencia, se propone que esta transición sea lenta y que, en cualquier caso, sea una de las decisiones que deban poder tomar si se regionalización el sobre nacional.

Desarrollo rural

En cuanto al desarrollo rural, entre otros aspectos, desde Cataluña se considera prioritario mantener y garantizar la opción, vigente durante los períodos anteriores, que los Programas de Desarrollo Rural (PDR) se implementen en España, íntegramente por todas las actuaciones, a través de las comunidades autónomas. En cuanto a la metodología Leader se considera aconsejable que los temas prioritarios sean los relativos al desarrollo rural ya pesar puedan recibir también otros fondos, la coordinación de los Grupos de Acción Local (GAL) se continúe liderando desde el Departamento.

Durante el encuentro también se han puesto sobre la mesa una serie de medidas que presentan aspectos problemáticos.

Así, en cuanto a las medidas de apoyo a los programas de calidad para los productores agrarios y agroalimentarios, a pesar de que en la propuesta de reforma de la PAC se ha mantenido esta medida, los beneficiarios sólo podrán ser los productores que participen por primera vez en los programas de calidad. Por este motivo, se considera que también deberían poder ser beneficiarios los agricultores que ya están dentro del programa, al menos durante los cinco primeros años y los elaboradores (no sólo los productores).

También se considera que se debería mantener la medida dirigida a la promoción de los productos de calidad diferenciada realizada por los órganos de gestión (consejos reguladores, consorcios, asociaciones), ya que con la actual propuesta se ha eliminado.

Por otra parte, se considera que hay que garantizar en el segundo pilar las medidas agroambientales y las indemnizaciones compensatorias, que en la medida de fomento de la ganadera ecológica debe incluir la posibilidad de establecer importes por unidades de ganado, y en la medida de apoyo al regadío desde Cataluña se pide que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas instalaciones de riego cuando un análisis ambiental proporcione evidencia que la inversión es sostenible y no tiene ningún impacto ambiental negativo. También se considera que esta medida debería aplicarse a todos los Estados miembros no sólo a aquellos estados que se adhirieron a la Unión a partir de 2004. Finalmente, se considera como negativa la supresión de los cese anticipado , ya que esta medida contribuye a facilitar el relevo generacional.

Medidas de competitividad y de mercado

En cuanto a esta temática, desde Cataluña se considera que hay que exigir la activación de la exención del sector agrícola de la normativa europea de la competencia y decidir previamente en qué situaciones y casos se quiere aplicar esta exención.

Por otra parte, se considera que hay que exigir el principio de reciprocidad para las importaciones provenientes de terceros países para evitar problemas de seguridad alimentaria. También se considera que hay que intensificar las actuaciones de inspección y control en frontera de los productos procedentes de países terceros para asegurar que entren con el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria necesarias. Y ampliar la exigencia del Reglamento de la UE 1169/2011 del Parlamento Europeo sobre el etiquetado en origen a todos los productos.

En cuanto a medidas de gestión de crisis, se considera que hay que mantener los actuales mecanismos de intervención y gestión de mercados, cumplimentados cuando sea necesario con una red de seguridad que asegure que los agricultores podrán obtener por todos sus productos un precio mínimo. El desencadenamiento de estas medidas debe estar basado en criterios objetivos que contemplen, además del precio del mercado, los costes de producción de una explotación tipo de la UE.

En cuanto a las redes de seguridad, es necesario crear stocks estratégicos para activar en casos de crisis de abastecimiento graves de alguna materia prima básica y, introducir instrumentos de regulación de mercados de carácter permanente que coexistan con los de carácter excepcional.

Finalmente, se considera que hay que mantener el actual sistema de cuotas lecheras.

El sector agrícola y pesquero onubense ha recibido en los últimos cuatro años más de 484 millones de euros, que se distribuyen en más de 330 millones en ayudas a la renta y en 154 en ayudas a la inversión.

Así, lo ha puesto de manifiesto este jueves en rueda de prensa, el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, acompañado del delegado provincial de Agricultura y Pesca, Cristóbal Romero.

Durante la intervención, Alfonso Jiménez ha subrayado que “para el Ejecutivo andaluz, estos sectores económicos son ámbitos de gestión prioritarios”. Así, el delegado ha informado que en la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca se han tramitado 103.698 expedientes individuales y 471 expedientes de entidades asociados.

La provincia onubense posee una actividad agraria y pesquera diversa y heterogénea. Mientras la comarca de la Sierra es una zona principalmente de dehesa que sustenta su base económica en la cría de ganado porcino ibérico asociada a una importante industria transformadora de jamones y embutido; el Condado tiene una destacada presencia el viñedo, la fresa –los frutos rojos– y, en menor medida, el olivar y cereal.

En cuanto a las inversiones más sobresalientes, el delegado de Agricultura y Pesca ha subrayado las relacionadas con el obras de regadío y, en concreto, con la Impulsión del Fresno, que ha contado con una inversión de 26,81 millones de euros, de los que la Consejería ha financiado 13,2 y el Ministerio, 13,6. Esta infraestructura se ha complementado con la Balsa de Lucena, con un coste de 1,53 millones, asumido íntegramente por la Junta de Andalucía.

La finalización de las obras de regadío y caminos correspondientes a la Zona Regable del Chanza con la entrega de las obras de transformación en regadío del sector 18 y 16 oeste, con una inversión de 8,8 millones, así como la de caminos del sector 18, por un importe de 2,9 millones, han mejorado notablemente el déficit de agua de riego que ha tenido la provincia.

En este momento, se está a la espera de que se apruebe definitivamente el decreto correspondiente al Plan General de Transformación de los Regadíos del Andévalo Fronterizo, del que se beneficiarán los municipios de Calañas, El Cerro de Andévalo y Paymogo.

“Además –ha añadido el delegado de Agricultura– se han dado a las comunidades de Regantes, subvenciones por un importe de 13,2 millones de euros para una inversión total de 15,3 millones”.

ARREGLO DE CAMINOS

Otro ámbito de actuación ha sido el arreglo de caminos rurales, donde en esta legislatura se están invirtiendo 21,2 millones, una cantidad que incluye el Plan Encamina2 (10,7) y otras subvenciones a ayuntamientos, Diputación y comunidades de regantes (10,55). Romero ha incidido, además, en que “estamos construyendo un laboratorio agroalimentario en Bonares, con 1,5 millones, con lo que contribuimos a mejorar los servicios prestados sector”.

En los últimos cuatro años legislatura se dado un claro impulso a sectores de gran calado en la estructura productiva como las frutas y hortalizas, especialmente al sector fresero, gracias al respaldo a la Interprofesional de la Fresa (Interfresa), el fomento de las técnicas del control biológico o las ayudas específicas para mejorar la comercialización y competitividad a través de las 25 Organizaciones Profesional de Frutas y Hortalizas, que articulan al sector y que han recibido más de 57 millones de ayudas para una inversión de 122 millones.

En el sector vitivinícola, la Consejería de Agricultura y Pesca ha apoyado los procesos de reconocimiento y regulación de las denominaciones con calidad diferenciada, con la introducción de vinos tintos en la Denominación de Origen Protegida ‘Condado de Huelva’ y la regulación de la DOP ‘Vinagre del Condado de Huelva’.

La Ley de la Dehesa también ha supuesto un respaldo para la actividad ganadera, que afecta a más de una treintena de municipios. Es un instrumento esencial como referente de la norma de calidad, que además atiende las necesidades y potencialidades de las actividades productivas vinculadas a este sistema.

En las comarcas más débiles ha sido fundamental el trabajo desarrollado por los cinco Grupos de Desarrollo Rural, que han apoyado 265 proyectos de emprendedores, que han supuesto una inversión de 10,1 millones en los últimos cuatros años y que han contribuido a la creación o consolidación de 762 empleos.

Además, destacan la puesta en marcha de cuatro proyectos piloto FARO, con una inversión de 4,7 millones en la provincia de Huelva, entre los que destaca el Centro de Innovación y Promoción del Cerdo Ibérico de Jabugo.

La Junta de Andalucía también contribuye a la diversificación de las económica y a la mejora de los recursos territoriales con la puesta en marcha del Programa Aviva en las comarcas del Andévalo, la Cuenca Minera y la Sierra, con una dotación económica de 28 millones.

En cuanto al sector pesquero y acuícola, destaca el apoyo del Gobierno andaluz a la comercialización y transformación de los productos de la pesca con la concesión de subvenciones que superna los 6,5 millones de euros. La Consejería también está impulsando las iniciativas Ecoaqua y Bonacua, que tienen como finalidad la mejora de la actividad acuícola, que cuenta actualmente con 48 empresas innovadoras y que da trabajo a 200 personas.

A principios de 2011, los embalses españoles estaban ocupando, de media, un 77,83% de su capacidad. Sin embargo, la falta de lluvias durante el último curso ha reducido esta media hasta el 62,01%. La sequía a la que cíclicamente está sometido nuestro país es una de las principales preocupaciones para los empleados en actividades agrícolas, que utilizan en el campo hasta un 80% del agua almacenada en un embalse.

Un nuevo estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena ha combinado los datos observados con los resultados de modelos climáticos regionales de última generación para calcular con detalle los períodos de longitud máxima de las sequías. Los resultados de este trabajo, aplicados a la cuenca del río Segura, muestran “una notable intensificación de los periodos de sequía transcurridos desde la década de los 80 en adelante”, según explica a SINC Sandra García Galiano, una de las autoras del trabajo.

Para García Galiano y su equipo, del grupo de I+D+i de Recursos Hídricos de la UPCT, “las cuencas semiáridas como la del Segura son vulnerables a la variabilidad de las precipitaciones, lo que crea incertidumbres en las actividades agrícolas”. El objetivo de su estudio es “profundizar en el conocimiento sobre las tendencias plausibles de eventos de sequías para que, con esta información, se pueda alcanzar un mejor balance entre las medidas de adaptación y mitigación”.

El método es aplicable a escala europea

La principal novedad en el trabajo de la UPTC es la utilización de una nueva metodología, basada en combinaciones de modelos climáticos regionales, aplicando una modelización GAMLSS, siglas de Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape. García Galiano justifica la elección en que las técnicas de análisis de frecuencia tradicional fallan a la hora de captar la variabilidad de los eventos extremos como las sequías. En palabras de la investigadora, “el carácter no estacionario de las series hidrometeorológicas, basado en cambios climáticos y antropogénicos es la principal crítica que se hace a los métodos de frecuencia tradicionales”.

Además de analizar los datos observados, el uso de los modelos climáticos ayudó a identificar tendencias de sequía para el futuro, incluyendo en estas previsiones una gran variabilidad de factores. Teniendo en cuenta esta variabilidad, “se espera un incremento del 15% de sequías extremas en cuencas de cabecera para el año 2050 respecto a 1990”, afirma la investigadora.

En resumen, el estudio, publicado por la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (IAHS) en Risk in Water Resources Management ofrece, según García Galiano, “una metodología innovadora para abordar la evaluación espacio-temporal de riesgos asociados a distribuciones de frecuencias no estacionarias de sequías extremas”. Además, han confirmado que este método “puede aplicarse a otras escalas espaciales, por ejemplo nacional o europea, sin mayor dificultad, para aumentar el conocimiento sobre variabilidad hidroclimática”, afirma la autora.

Los responsables del estudio, financiado principalmente por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de España bajo el Plan Nacional de I+D+I, trabajan ahora en esta línea para facilitar que esta nueva metodología sea exportable a otras áreas.

Referencia bibliográfica:

García Galiano, S.G., Giraldo Osorio, J.D., Urrea Mallebrera, M., Mérida Abril, A., Tetay Botía, C., 2011. “Assessing drought hazard under non-stationary conditions on South East of Spain”. Risk in Water Resources Management. IAHS Publ. 347: 85-91, IAHS Press, CEH Wallingford, Oxfordshire, United Kingdom: 85-91. ISBN 978-1-907161-22-3. ISSN 0144-7815.

El lenguaje de los boletines oficiales resulta a veces desconcertante para los lectores de a pie. Estos días está causando revuelo entre los ganaderos descubrir que han pasado a ser agricultores, si hay que hacer caso al Real Decreto sobre las ayudas de la PAC recién publicado (R.D. 202/2012, de 23 de enero, publicado el martes 24 de enero), que titula el capítulo de las ayudas a los ganaderos como “ayudas a los agricultores que ejerzan actividad ganadera” (ver el encabezamiento del capítulo II) mientras que los ganaderos de ovino o lecheros han pasado a ser “agricultores del sector ovino” y “agricultores del sector vacuno de leche” (ver encabezamientos de los artículos 70 y 76). Afortunadamente, este estilo enrevesado no ha llegado a todo el texto, y las vacas se siguen llamando así (aunque como sigamos por el mismo camino pueden acabar siendo “medios de producción agrícola de la especie bovina”).

No está claro el origen de estos juegos de palabras, que se olvidan de la palabra “ganadero”, como si no formara parte del diccionario de la RAE que, por cierto, define agricultor, de forma bastante precisa, como la “persona que labra y cultiva la tierra”. Probablemente tiene que ver con la definición comunitaria de “agricultor”, que se refiere a la persona que realiza cualquier actividad agraria, englobando tanto los cultivos como la cría de animales (y también, dicho sea de paso, el mantenimiento de las superficies sin ninguna producción agraria). Pero tiene que haber una fórmula menos rasposa para trasladar esta definición a las normas españolas, llamando ganaderos a los ganaderos, y a cada cosa por su nombre, y evitando expresiones que más parecen retruécanos que definiciones.

Este peculiar estilo en la transposición de las normas comunitarias ha producido otras perlas, como la de llamar “explotadores” a los titulares de explotaciones agrarias en varias normas, y en especial en las que se derivan del paquete legislativo sobre seguridad de los alimentos, que, no habiendo encontrado una mejor traducción, acuña el concepto de “explotador de empresa alimentaria”, que incluye también a los ganaderos. Así que, volviendo al título de este artículo, estamos ya cerca de tropezar en algún boletín oficial con la afirmación de que los ganaderos son en realidad unos agricultores explotadores.

La Fundación Mapfre ha presentado el estudio “Huella Hídrica y Desarrollo Sostenible en España”.

Según podemos leer en el prólogo de del documento, el estudio de la “Huella Hídrica” a niveles territoriales inferiores y específicos permite conocer exactamente cuánta agua, y en qué condiciones, se utiliza de los sistemas de agua locales, y cuánta agua sería necesaria para contrarrestar las corrientes contaminadas (Chapagain y Orr, 2009). Más importante aún, podemos ver de donde procede el agua en el ciclo hidrológico, a la vez que se relacionan los productos comercializados con las zonas de producción.

La base de este trabajo es la aplicación de la metodología desarrollada por Chapagain y Hoekstra (2004), actualizada en Hoekstra et al. (2009), y posteriormente en Hoekstra et al. (2011), donde se han establecido los estándares de cálculo a nivel mundial. Ésta metodología ha sido adaptada a los datos disponibles en España para realizar un análisis más detallado y preciso, a nivel municipal, provincial, autonómico y nacional, incorporando además el análisis por demarcaciones hidrográficas.

La presente investigación tiene como punto de partida el libro: “La Huella Hídrica española en el contexto del cambio global”, inscrito en la la línea de investigación “Planificación Integral vs. Sistemas de Gestión Medioambiental”, directriz del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid: “Desarrollo y Gestión Ambiental del Territorio”, en cuyo seno se ha realizado el presente estudio, a cargo de los profesores e investigadores:

Jorge Olcina Cantos (Dr. En Geografía, Catedrático de la Universidad de Alicante),
Alfredo Tolón Becerra (Dr. Ingeniero Agrónomo, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Almería),
José María García Alvarado (Dr. en Geografía. Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid),
Xavier B. Lastra Bravo (Ingeniero Agrónomo, Investigador de la Universidad Politécnica de Almería),
Fernando García Quiroga (Dr. en Geografía., Profesor Titular interino de la Universidad
Complutense de Madrid),
María Sotelo Pérez (Economista, Licenciada en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid),
Ignacio Sotelo Pérez (estudiante de Derecho, en la Universidad Complutense de Madrid), y
José Antonio Sotelo Navalpotro, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

ESA satellites show that a large dome of fresh water has been building up in the Arctic Ocean over the last 15 years. A change in wind direction could cause the water to spill into the north Atlantic, cooling Europe.

The results are remarkable: since 2002, the sea surface in the studied area has risen by about 15 cm, and the volume of fresh water has increased by some 8000 cubic km – around 10% of all the fresh water in the Arctic Ocean.

Researchers from the Centre for Polar Observation and Modelling (CPOM) at University College London and the UK’s National Oceanography Centre used data from ESA’s ERS-2 and Envisat satellites to measure sea-surface height over the western Arctic from 1995 to 2010.

The results were published yesterday in the online version of the scientific journal, Nature Geoscience.

The scientists conclude that the dome could be a result of strong Arctic winds accelerating a large ocean circulation known as the Beaufort Gyre, causing the sea surface to bulge.

A change in the direction of the wind would cause the fresh water to spill into the rest of the Arctic Ocean and even reach the north Atlantic.

This could slow a key ocean current, stemming from the Gulf Stream, and subsequently cool Europe.

This current keeps the continent relatively mild compared to other areas at similar latitudes.

“When we looked at our data on a year-to-year basis, we noticed that the changes in the sea surface height did not always follow what the wind was doing, so we thought about reasons why this might happen,” said Katharine Giles, CPOM research fellow and lead author of the study.

“One idea is that sea ice forms a barrier between the atmosphere and the ocean. So as the sea ice cover changes, the effect of the wind on the ocean might also change”.

“Our next step is to look into how changes in the sea ice cover might affect the coupling between the atmosphere and the ocean in more detail to see if we can confirm this idea.”

Sea ice can be measured by different types of satellite data. Radar altimeters on satellites such as the two used in the study, Envisat and ERS-2, can be particularly useful when observing inaccessible areas like the Arctic.

Envisat, the largest Earth observation satellite ever built, will mark 10 years in orbit in March.

ERS-2 was retired in July 2011, but 20 years of data from it and predecessor ERS-1 on oceans, land, ice and atmosphere will continue to be used by scientists for years to come.

“We were able to produce the Beaufort Gyre results thanks to the overlap of the ERS-2 and Envisat missions and long-term satellite data availability,” said Seymour Laxon, director of CPOM and co-author of the paper.

ESA will continue to monitor the Arctic with the upcoming Sentinel series of Earth-observing satellites for Europe’s Global Monitoring for Environment and Security (GMES) programme.

Later this year, the first results of seasonal changes in sea-ice thickness from data acquired by ESA’s CryoSat-2 satellite will be presented.

[Podeu accedir a la pàgina original aquí]